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Luego de algunos días de mucha expectativa, el presidente Javier Milei anunció por cadena nacional una serie de medidas para proteger la soberanía de la Argentina sobre las islas Malvinas con las que inició una nueva etapa en el proceso de reclamo por parte del país, aunque también deberá enfrentar al Congreso y diferentes trabas para poder llevar a cabo las iniciativas propuestas.
Desde el plano jurídico hasta el legislativo, pasando por el administrativo, el líder libertario anticipó que va a endurecer las sanciones contra las empresas que exploten recursos naturales en el archipiélago y va a ordenar la construcción de una base militar en el sur, para proteger los intereses nacionales.
Sobre el primer punto, el jefe de Estado indicó que, por decreto, modificará la Ley 26.659, que regula la exploración y explotación de hidrocarburos en toda la plataforma continental argentina.
Aunque no hace mención específica sobre el territorio que está ocupado por el Reino Unido, sí prohíbe que, en general, se realice toda actividad vinculada a ese negocio que no cuente con habilitación expresa de la autoridad competente y establece penas para quienes lo incumplan, que incluso pueden ser de prisión.
Con los nuevos artículos, los infractores no podrán celebrar contratos en territorio argentino, sea con el sector público o privado, y en el caso de que corresponda, se aplicará el juicio en ausencia para eventualmente condenarlos.
Esta decisión apunta a frenar el desarrollo de programas como el de Sea Lion, al que Milei hizo referencia explícitamente, que es impulsado por las firmas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum, de capitales ingleses e israelíes, respectivamente, para explorar la posibilidad de extraer crudo de las islas.
Aunque se trata de un DNU de efecto inmediato al momento de su publicación en el Boletín Oficial, la oposición podría exigir su revisión en el Congreso y, en el caso de que ambas Cámaras lo rechacen, esos cambios quedarían sin efecto.
Por otra parte, enviará un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional con el que buscará endurecer aún más las sanciones contra las empresas que exploten recursos en las islas; crear un Consejo de Seguridad Nacional, y otorgarle al mismo facultades especiales para “responder con herramientas económicas y diplomáticas frente a amenazas”.
Uno de los puntos que más polémica podría generar es el último, con el que se dota al Consejo de Seguridad Nacional, que integrarán la Cancillería, los Ministerios de Defensa y Economía y la Secretaria de Inteligencia del Estado (SIDE), de herramientas para actuar rápidamente ante infracciones detectadas en las islas.
El propio Milei ya buscó consensuar acuerdos sobre todas estas medidas al pedirles “a todos los argentinos, y en especial a la política”, que se dejen de lado las diferencias para aprobar la norma.
“Podemos discutir sobre cualquier otra cosa, podemos discutir mis formas, podemos estar en desacuerdo sobre la política fiscal o cambiaria, pero este tema demanda una pausa, demanda que hagamos nuestras armas a un lado y mostremos un frente unido ante el mundo, como nación, y como sociedad. Porque hay causas que están por encima de cualquier diferencia política. Malvinas es una de ellas”, sostuvo.
