El conflicto por el financiamiento de las universidades nacionales tendrá este viernes una nueva instancia en los tribunales. El juez federal Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, convocó al Gobierno nacional y a representantes del sistema universitario a una audiencia para intentar acercar posiciones y avanzar en una salida a la disputa por la aplicación de la Ley 27.795.
El Gobierno y las universidades se sientan hoy ante la Justicia por el financiamiento
El juez federal Martín Cormick convocó para este viernes a representantes del Ejecutivo, la UBA y el Consejo Interuniversitario Nacional a una audiencia destinada a intentar destrabar el conflicto por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. El encuentro se realizará en medio del paro que llevan adelante docentes y no docentes.
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La reunión fue impulsada a partir de un pedido de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y se desarrollará con la participación del Ejecutivo y del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Aunque el CIN había planteado reparos frente a la convocatoria y reclamado que se avance directamente con el cumplimiento de la medida cautelar vigente, finalmente confirmó que concurrirá.
El encuentro llega en un momento de fuerte tensión entre las universidades y la Casa Rosada. Los gremios docentes y no docentes mantienen una medida de fuerza nacional que se extiende hasta este sábado, con el reclamo puesto en la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y en la recomposición salarial.
Uno de los puntos centrales será el cumplimiento de la cautelar que quedó firme luego de la intervención de la Corte Suprema y que obliga al Estado nacional a avanzar con disposiciones vinculadas con la actualización de los salarios universitarios y las becas estudiantiles.
La UBA también planteó la necesidad de discutir otros componentes del financiamiento, entre ellos los recursos destinados a hospitales universitarios, gastos de funcionamiento y partidas para ciencia y tecnología.
La disputa tiene como eje la Ley 27.795, sancionada por el Congreso en 2025, que estableció mecanismos de recomposición del financiamiento universitario. Frente a la falta de aplicación de distintos puntos de la norma, las universidades recurrieron a la Justicia y el conflicto derivó en distintas presentaciones y medidas cautelares.
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