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Médicos de cabecera de PAMI, nucleados en APPAMIA (Asociación de Profesionales del Programa de Atención Integral y Afines), inician este lunes un paro nacional de 72 horas en rechazo una resolución que recorta sustancialmente su salario: denuncian que el Gobierno pretende abonarles $2.100 por paciente por mes por todo concepto. De todas formas, confirmaron que durante la medida de fuerza se garantizará la atención de urgencias.
Los profesionales denuncian que la Resolución RESOL-2026-1107-INSSJP, firmada por el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP-PAMI), introdujo modificaciones en el Nomenclador Común del Instituto y en el modelo prestacional correspondiente a médicos de cabecera al unificar y actualizar el nomenclador, lo que en la práctica se traduce en una reducción salarial.
Desde la organización gremial explicaron que, por jornadas completas, los médicos de los adultos mayores pasan de cobrar $2.100.000 ("que no les alcanza para pagar el alquiler, una secretaria o internet") a sólo $1.400.000.
En esa línea, detallaron que "un médico de cabecera tiene una dedicación full time tiene que atender un paciente cada 20 minutos y validarlo en tiempo real; como el sistema generalmente se cae, tienen que validar la consulta después de las 10 de la noche, y tiene que ser antes de las 12 de ese mismo día para que no entre fuera de rango y no se lo descuenten".
Dirigentes de APPAMIA declararon que "seguramente habrá un éxodo masivo de profesionales, afectando el funcionamiento del primer nivel de atención del PAMI" e indicaron que "el médico de cabecera constituye la figura central del modelo asistencial del Instituto, responsable del seguimiento clínico de enfermedades crónicas, la emisión de recetas, la indicación de estudios y las derivaciones a especialidades".
En esa línea, indicaron que "la reducción del plantel médico podría trasladar la demanda hacia clínicas privadas y hospitales públicos, incrementando la presión sobre el sistema sanitario general y generando riesgos de discontinuidad en la atención de jubilados y pensionados".
