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La Ley de Inocencia Fiscal actualizó los montos a partir de los cuales se encuadran los casos de evasión fiscal en la Argentina, lo que transformó el escenario judicial. Una de las consecuencias de su implementación es que quedaron sin efecto más de 4.000 juicios por evadir impuestos que habían sido impulsados por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
Además de incentivar el uso de “dólares del colchón” para reactivar la actividad económica, la nueva ley elevó los umbrales para que una maniobra se considere delito fiscal, llevó a una revisión inmediata de expedientes y la aplicación masiva del principio jurídico de la aplicación de la ley penal más benigna en miles de causas que perdieron vigencia.
Cabe recordar que, con la aprobación de la Ley de Inocencia Fiscal, el monto para encuadrar en evasión simple pasó de $1,5 millones a $100 millones. Mientras que el de evasión agravada pasó de $15 millones a $1.000 millones. Sin embargo, en el caso de que hubieren intervenido personas humanas o jurídicas o entidades interpuestas, o se hubieren utilizado estructuras, negocios, patrimonios de afectación, instrumentos fiduciarios y/o jurisdicciones no cooperantes para ocultar la identidad o dificultar la identificación del verdadero sujeto obligado, el monto pasa de $2 millones a $200 millones. Lo mismo en el caso de que el obligado hubiera utilizado fraudulentamente exenciones, desgravaciones, diferimientos, liberaciones, reducciones o cualquier otro tipo de beneficios fiscales.
