
La decisión fue adoptada por el Tribunal Oral Federal 2, que concedió a la expresidenta la posibilidad de subir dos horas por día al sector superior del inmueble, donde se encuentra alojada bajo monitoreo electrónico.


El oficialismo decidió recalcular su estrategia y postergar el debate de la reforma laboral. Ahora, el Gobierno asegura que concentrará sus esfuerzos en el Presupuesto, que buscará dictaminar este viernes en el Senado con la intención de llevarlo al recinto el próximo 26 de diciembre.
PolíticaHace 2 horas
Prensa
En un giro inesperado, luego de una reunión en Casa Rosada, la senadora Patricia Bullrich anunció que el debate de la reforma laboral se postergará para el 10 de febrero. La intención original del oficialismo era conseguir dictamen este jueves para tratar el proyecto en el recinto el próximo viernes 26 de diciembre, pero el escenario político terminó obligando a recalcular.


El anuncio llegó horas después de la sesión en la Cámara de Diputados en la que cayó el capítulo del Presupuesto que derogaba las leyes de financiamiento universitario y de emergencia en discapacidad y se cerró un acuerdo para la designación de los representantes de la AGN, una votación que tensionó acuerdos previos y dejó furiosos a varios sectores, entre ellos, al PRO.
Aunque el dictamen de la reforma laboral se firmó, Bullrich explicó que quedará abierto a modificaciones y seguirá vigente para un próximo llamado a sesiones extraordinarias. “Vamos a firmar un dictamen para dejarlo abierto a cambios y tomar en cuenta el pedido de muchos sectores de poder trabajar esta ley”, justificó, al anunciar que el tratamiento se pateará para febrero.
La postergación se produjo tras dos jornadas intensas de reuniones, que se desarrollaron ayer y hoy, con la participación de distintos sectores invitados a exponer durante horas sobre el alcance de la reforma laboral. Sin embargo, desde la oposición cuestionaron no solo el contenido del proyecto sino también las condiciones en las que se llevó adelante el debate.
El trasfondo de la postergación estuvo marcada por el revés que sufrió el oficialismo durante esta madrugada, cuando cayó el Capítulo XI del Presupuesto —el que derogaba las leyes de financiamiento universitario y de emergencia en discapacidad— en la Cámara de Diputados y se designaron, en un acuerdo entre La Libertad Avanza, Unión por la Patria y el gobernador Gustavo Sáenz, los representantes de la Auditoría General de la Nación. Ambas cuestiones detonaron acuerdos y tuvieron un efecto cascada que se sintió horas después en el Senado, obligando a Bullrich a desacelerar su estrategia.
Ahora, explican desde el oficialismo, el foco estará puesto en la aprobación del Presupuesto. Para este viernes a las 10 está convocada la comisión en el Senado con el objetivo de emitir dictamen y sesionar el próximo 26 de diciembre. Allí, el Gobierno buscará reinsertar el Capítulo XI que fue rechazado por 123 votos contra 117, luego de que algunos aliados se desmarcaran por la negativa del oficialismo a separar el artículo 75 del resto del articulado. Entre ellos, legisladores de Tucumán, Catamarca y uno de los tres diputados por Salta.
Si el Senado logra reincorporar ese capítulo en la redacción del Presupuesto, el texto deberá volver a la Cámara de Diputados. Allí se abren dos caminos: insistir con la redacción original, que no incluye el capítulo cuestionado, o aceptar los cambios introducidos por la Cámara alta. Dado que este primer tramo de las extraordinarias finaliza el 30 de diciembre, el lunes 29 aparece como la última posibilidad para que Martín Menem convoque a sesión, siempre y cuando se logre reinsertar el capítulo que deroga las leyes de financiamiento universitario y emergencia en discapacidad.

La decisión fue adoptada por el Tribunal Oral Federal 2, que concedió a la expresidenta la posibilidad de subir dos horas por día al sector superior del inmueble, donde se encuentra alojada bajo monitoreo electrónico.

El proyecto impulsado por el oficialismo se aprobó en general con 130 votos afirmativos, 107 negativos y dos abstenciones. Reforma el Régimen Penal Tributario y eleva los montos para que la evasión sea considerada delito.







