Falta de controles y desorden administrativo: el informe que complica a Capital Humano que ya está en manos de la justicia y de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN)
PolíticaHace 2 horas
Prensa
Un informe de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) concluyó que no se puede determinar quiénes recibieron los alimentos almacenados ni qué productos fueron efectivamente entregados, en el marco de la causa judicial para determinar la responsabilidad de las autoridades de esa cartera en el manejo de alimentos destinados a la asistencia social.
Un informe de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) concluyó que no se puede determinar quiénes recibieron los alimentos almacenados ni qué productos fueron efectivamente entregados, en el marco de la causa judicial para determinar la responsabilidad de las autoridades de esa cartera en el manejo de alimentos destinados a la asistencia social.
La PIA encendió alertas sobre el funcionamiento del Ministerio de Capital Humano en materia de compra, almacenamiento y distribución de alimentos destinados a sectores vulnerables.
Según las conclusiones del dictamen, no fue posible reconstruir con certeza la trazabilidad de los alimentos, ni identificar a los destinatarios finales de la mercadería acopiada en depósitos oficiales.
El análisis fue realizado en el marco de una causa penal que investiga el presunto incumplimiento de una medida cautelar dictada por la Justicia federal, que había ordenado al Ministerio conducido por Sandra Pettovello informar el stock disponible y presentar un plan de distribución “de modo inmediato”.
Sin embargo, la PIA advirtió que la información aportada por el organismo fue incompleta, desordenada y carente de respaldo documental suficiente.
“No resulta posible individualizar con el grado de certeza requerido quiénes fueron los destinatarios finales de los alimentos acopiados”, concluyó el informe firmado por el fiscal titular de la PIA Sergio Rodríguez y Daniela Pérez y Esteban Venditti, auxiliares del organismo.
El informe firmado a fines de noviembre fue recibido por el juez federal Sebastián Casanello que puso en conocimiento del mismo a la SIGEN y a la Oficina Anticorrupción, en atención a sus funciones de control administrativo.
"Resulta oportuno facilitar la organización, descanso y disfrute de las festividades, permitiendo que las personas puedan disponer de un tiempo razonable para concretar los preparativos, desplazamientos y actividades vinculadas a dichas conmemoraciones", subraya la norma.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, destacó que el predio pasará a funcionar bajo un esquema de inversión privada.
