Los 19 imputados, entre ellos miembros del Servicio Penitenciario local, reclusos y familiares, tendrán la posibilidad de pronunciar sus últimas palabras ante los magistrados, al tiempo que la lectura de la sentencia se llevará a cabo desde

Los fiscales pidieron que Sergio Faustino Moya a 11 años y 8 meses de prisión efectiva, Francisco Arturo Bisceglia, 12 años; Marcos Matías Bucotich García, 9 años; Raúl Antonio Arjona y Luis Roberto Castaño, a 8 años y 6 meses.

Además, peticionaron que Marcelo Olguín Magno, Nicole Judith Ana Luna y Patricia Daiana del Rosario Flores reciban 6 años de prisión efectiva; Rubén Antonio Guaymás, 5 años; José Luis Alarcón y María Inés Méndez, a 9 años de cárcel; Baldomero Darío Córdoba, 2 años; Manuel Méndez y Héctor Gustavo Banega, a 9 años y 6 meses.

Los funcionarios Castaño, Bisceglia, Moya, Bucotich García, Arjona y Alarcón se encuentran imputados por asociación ilícita y por el delito de comercialización de estupefacientes agravada por la participación de dos o más personas, en una cárcel y cometida por guardias encargados de la vigilancia de los presos.

Además, los representantes del Ministerio Público Fiscal sostienen que Moya, Bisceglia, Bucotich, Arjona y Alarcón son autores de presuntas exacciones ilegales agravadas, al tiempo que consideran que Baldomero Córdoba es partícipe necesario en ese ilícito.

En tanto, se les endilga a Patricia Daiana del Rosario Flores, María Inés Méndez, Héctor Gustavo Banega, Nicole Judith Ana Luna, Manuel Méndez, María Cristina Galindo y Héctor Gustavo Banega la venta de droga calificada en un complejo penitenciario, en concurso con asociación ilícita.

Josué Joel Valencia y Silvana Valeria Avendaño fueron beneficiados luego de que la Fiscalía retire los cargos en su contra, a la vez que Andrea Abigail Alba está acusada de tenencia simple de sustancias ilícitas.

Los representantes del Ministerio Público Fiscal remarcaron que quedó demostrado que los imputados, organizados y con jerarquías definidas, sostuvieron un sistema criminal con distribución de tareas y dos fines centrales.

A partir de testimonios y la prueba documental, la fiscalía sostuvo que la conducta de los acusados no responde a hechos aislados ni eventuales, sino que forma parte de un entramado organizado y sostenido en el tiempo, con un único fin, que era el obtener beneficios económicos y personales, violando la ley y desnaturalizando la función que se les encomendó.

El procurador general, Pedro García Castiella, destacó que las conductas imputadas constituyen, no solo delitos contra la administración pública y delitos económicos, sino que también implican una sistemática y reiterada vulneración de derechos humanos, atentando contra la dignidad de las personas privadas de libertad.