La Corte Suprema de Justicia habilitó este martes la extradición de Federico Andrés “Fred” Machado a Estados Unidos y el gobierno de Javier Milei confirmó que avalará su decisión.

Ahora, el juez federal de primera instancia -Gustavo Villanueva-, que oportunamente resolvió que la extradición era procedente, tiene que informar la sentencia al Ministerio de Relaciones Exteriores y el Poder Ejecutivo cuenta con 10 días hábiles para confirmar la decisión.

La ley sostiene que “vencido ese plazo sin que se hubiese adoptado una decisión expresa, se entenderá que el Poder Ejecutivo ha concedido la extradición”. De esta manera, Machado podría ser trasladado a Estados Unidos ni bien el Poder Ejecutivo firme la orden para su deportación.

Argentina y Estados Unidos tienen un acuerdo de extradición vigente, firmado hace más de 30 años, por lo que Machado no puede negarse a ser extraditado, más allá de su condición de argentino. Esa alternativa solo opera en casos donde no exista un acuerdo de extradición con el país requirente.

Si por algún motivo el Ejecutivo decide no avanzar con la decisión de la Corte, debería invocar alguna de las excepciones previstas en la ley, como la inexistencia de reciprocidad con el estado requirente, cuestiones especiales de soberanía nacional. Si no hay un tratado con el Estado requirente que disponga lo contrario, el Estado argentino puede optar por ser juzgado ante los tribunales nacionales.

El artículo 10 de la ley de extradición que sostiene que no puede proceder por “especiales razones de soberanía nacional, seguridad u orden público”, aunque los especialistas consideran que el caso de Machado no se ajusta a ninguna de las excepciones.