El diputado nacional por San Luis de Unión por la Patria, Ernesto Nader Alí, presentó una denuncia penal contra el gobernador de de su provincia, Claudio Poggi, por presunta retención indebida de fondos públicos destinados a la municipalidad de Renca. Desde el Gobierno provincial sostuvieron que la presentación "es absurda" y que "es parte de una campaña electoral".

El diputado afirmó: "Hubo una demora injustificada en los pagos de sueldos porque los fondos estaban. Pero, además, con esa plata constituyó alrededor de 19 plazos fijos. Todo eso está comprobado y lo ofrecimos como prueba en la denuncia". Además del gobernador, también fue denunciado Néstor Alberto Ordoñez, funcionario del Poder Ejecutivo provincial que habría intervenido en la supuesta maniobra administrativa.

Los detalles de la denuncia contra Poggi

"No solo desdobla los sueldos: con la plata de los empleados públicos hace plazos fijos, y ahora presenta un superávit de 190 mil millones de pesos. Con lo cual, todo el DNU 150 que firmó al declarar la emergencia económica y financiera, quedó en evidencia que es mentira", aclaró el diputado Alí. En ese sentido, insistió en que "incurrió en la conducta típica que establecen los artículos 260 y 264 del Código Penal".

El expediente quedó en manos de la jueza María Eugenia Zabala Chacur, quien deberá determinar si corresponde avanzar con medidas de prueba, requerimientos fiscales o imputaciones formales. “No es lo mismo que te lo paguen en dos veces que todo junto, porque encima que no alcanza, te lo pagan en dos veces. Eso generó problemas con tarjetas de crédito, alquileres, de todo tipo”, afirmó. También señaló que el gobernador suspendió el Tratado de La Toma, acuerdo firmado durante la gestión anterior que otorgaba mayor coparticipación a los municipios.
En la denuncia a la que accedió este medio, el diputados citó un informe del Tribunal de Cuentas que informa la existencia de partidas asignadas al pago de sueldos al momento de emitirse el decreto. “Quedó determinado claramente que la provincia contaba, al momento de esa decisión, con más de 93 mil millones de pesos que ya habían sido asignados al pago de sueldos. Estaban presupuestados y devengados como corresponde”, indicó.

En ese marco, afirmó que Poggi “incurrió en la conducta típica que establece tanto el artículo 260 como el 264 del Código Penal”. También sostuvo que parte de esos fondos fueron colocados en instrumentos financieros: “Con la plata de los empleados públicos hace plazos fijos, y ahora le da un superávit de 190 mil millones de pesos. Todo el DNU que firmó quedó en evidencia que es mentira”.

Según el escrito judicial, los hechos denunciados constituyen presuntos delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos. La denuncia fue acompañada por documentación presupuestaria y una respuesta del Banco Central enviada al Superior Tribunal de Justicia de San Luis. “Se ha retenido de forma arbitraria y sin sustento legal una parte de la coparticipación que por ley corresponde a la comuna de Renca”, sostiene el texto presentado por el abogado patrocinante, Leonardo Hernán Martínez Herrero.

La explicación desde el Gobierno de San Luis a la denuncia

Desde el entorno de Poggi aclararon a MDZ que “es una denuncia política que no tiene sustento”. “La presentación judicial es contradictoria en sí misma”, afirmaron, y explicaron: “Cada vez que se denuncia malversación de fondos por haber destinado el dinero previsto para el pago de salarios a otros conceptos, es porque existían los fondos para hacerlo. Es decir, si los fondos estaban colocados en plazos fijos, no podrían haberse utilizado para otros gastos”.

Además, justificaron la decisión con lo aprobado en el Congreso: “La propia Legislatura provincial demostró, en la Cuenta de Inversión de 2023, que la existencia del saldo del Tesoro —compuesto por saldos bancarios e inversiones— no era de libre disponibilidad. Por ende, lo que estaba en plazos fijos no se podía usar para el pago de salarios”.

Por otro lado, aclararon que “el desdoblamiento del pago salarial se sustentó en el déficit fiscal del año 2023, que fue superior a los $93.000 millones. Eso se acreditó conforme a la Cuenta de Inversión de ese año y a un informe realizado por la Universidad de Buenos Aires. Además, el artículo 19 de la Ley N° 1118-2024 autorizó expresamente ese desdoblamiento”.