El Gobierno eliminó una serie de programas y estructuras que tenían como objetivo fomentar el desarrollo de pequeñas y medianas empresas. A criterio del Ejecutivo eran “ineficientes, discrecionales y estériles” y afectaban la dinámica del libre mercado.

La medida se oficializó a través del decreto 339/24. Los considerandos de la norma se apoyan en que el Decreto N° 70/23 estableció que el Estado Nacional “promoverá y asegurará la vigencia efectiva, en todo el territorio nacional, de un sistema económico basado en decisiones libres, adoptadas en un ámbito de libre concurrencia, con respeto a la propiedad privada y a los principios constitucionales de libre circulación de bienes, servicios y trabajo”.

“Dicho decreto establece que para cumplir con ese fin se dispondrá la más amplia desregulación del comercio, los servicios y la industria en todo el territorio nacional, y quedarán sin efecto todas las restricciones a la oferta de bienes y servicios, así como toda exigencia normativa que distorsione los precios de mercado, impida la libre iniciativa privada o evite la interacción espontánea de la oferta y de la demanda”, explica.

Puntualmente, se eliminan varios artículos de la la Ley N° 25.872, el texto que creó el Programa Nacional de Apoyo al Empresariado Joven. Esta tenía los objetivos de:

1. fomentar el espíritu emprendedor en la juventud, promoviendo la creación, desarrollo y consolidación de empresas nacionales;
2. brindar herramientas fiscales y financieras, en el marco de las políticas del Estado, con el objeto de crear y afianzar proyectos elaborados por la juventud empresaria;
3. promover la inserción en mercados nacionales e internacionales de bienes y servicios industriales, elaborados o prestados por la juventud emprendedora;
4. incentivar la elaboración de proyectos, ejecutados por la juventud empresaria, que incorporen innovación tecnológica
5. articular la acción del Estado con entidades empresarias, organizaciones no gubernamentales, universidades y empresas.

El Ejecutivo cree que “los programas creados mediante las Leyes 24.467 y 25.872 resultan distorsivos de los precios, impidiendo la dinámica natural del libre mercado”.

El artículo 13 de la ley 24.467, uno de los derogados, establecía que “el Ministerio de Producción organizará una Red de Agencias de Desarrollo Productivo que tendrá por objeto brindar asistencia al sector empresarial en todo el territorio nacional y coordinar acciones tendientes al fortalecimiento del entramado institucional con el objetivo de alcanzar un desarrollo sustentable y acorde a las características de cada región”.

Igualmente, el decreto aclara que “las derogaciones dispuestas no eximen al Estado Nacional ni a ningún otro sujeto obligado del cumplimiento de las obligaciones válidamente asumidas durante la vigencia del régimen o programa”.

En ese marco, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, contó a través de sus redes sociales el caso del economista, ex presidente del Banco Nación y productor PYME del dulce de leche La Salamandra, Javier González Fraga, solía decir que ‘las regulaciones en este sector deben ser obra de Mastellone, porque lo que es yo, como PYME, no tengo manera de cumplirlas’”.