El papa Francisco se puso un problema muy serio de la economía argentina al hombro. Y se comprometió a fondo en una gestión que finalmente no resultó todo lo exitosa que él esperaba. Fue a partir del 14 de abril del 2021, cuando Jorge Bergoglio se reunió en la Biblioteca del Palacio Apostólico con el entonces ministro de Economía, Martín Guzmán, en un encuentro que duró unos cuarenta minutos y que tuvo un tema específico para tratar.

Guzmán estaba de gira por Europa para buscar apoyo de líderes de esa zona del mundo, para conseguir votos a favor en el directorio de Fondo Monetario Internacional para lo que sería el acuerdo de Facilidades Extendidas que se firmó en marzo del 2022.

El ministro tenía un problema explícito para avanzar en la negociación, fundamentalmente por el capítulo político a nivel internacional de la discusión entre el Fondo y la Argentina.

No sólo había muchos países europeos que se negaban a volver a ayudar al país a cerrar un nuevo acuerdo, luego de la fallida experiencia del 2017- 2018 con el gobierno de Mauricio Macri, sino que Guzmán remaba por el reconocimiento de un pedido que el ministro consideraba fundamental para la supervivencia económica y política del nuevo programa de Facilidades Extendidas.

Buscaba que el FMI redujera las tasas de interés que se le aplicaban a la Argentina y a todos los países sobreendeudados con los límites establecidos por el estatuto del Fondo. Guzmán consideraba seriamente que era unan injusticia enorme estos “sobrecostos”, que caían siempre en países con problemas y sabía que Francisco podría comprender el conflicto. Y así fue.

La reunión fue muy técnica. Casi específica. Con algunos contrapuntos sobre visiones económicas, las que con el tiempo provocaron cierta admiración en Francisco. A tal punto que con el tiempo nombró al ya exministro como integrante de la Pontificia Academia de Ciencias Sociales del Vaticano, un lugar al que muchos profesionales de la economía se autopostularon sin éxito.

Puntualmente, Guzmán buscaba que el organismo deje en claro que se aplicará en el acuerdo de Facilidades Extendidas la menor tasa de interés posible, y que, en este capítulo, no habrá sanciones extras. Se quería una tasa menor similar a la diseñada del FMI para países cumplidores y que hacen buena letra con el organismo, ya no es de 2,05% sino de aproximadamente un punto porcentual menor y cercano al 1%.

Si Argentina lograba que el FMI le aplicara este interés, el país se hubiera ahorrado unos U$S 10.000 millones en todo el tramo de 10 años del acuerdo, comenzando a pagar desde el segundo semestre de 2026.

El tema había comenzó a negociarse, en blanco sobre negro y sobre la mesa de discusiones, durante la cumbre del G20 de Venecia de julio de ese año, donde el ministro habló en vivo y directo sobre el acuerdo en tres encuentros clave. Uno con Kristalina Georgieva y dos con los responsables del caso argentino, la entonces directora adjunta para el Hemisferio Occidental, la norteamericana Julie Kozack -hoy vocera del FMI-, y el responsable del caso argentino, el venezolano Luis Cubeddu.

En los tres momentos, Guzmán reclamó que el costo del nuevo programa de Facilidades Extendidas se reduzca del 4,05% que se le debe aplicar al país por lo que se firmó en 2018 durante el gobierno de Mauricio Macri, a la menor tasa que aplique el organismo para sus mejores países clientes y los que sostienen sus acuerdos financieros en situación de normalidad; y que, a los ojos del Fondo, muestran al mundo planes financieros, monetarios y macroeconómicos sustentables.