Corredores Viales S.A. emitió telegramas de despido a 117 personas de las 2.500 que persistieron con las medidas de fuerza llevadas adelante por el Sindicato Único de Trabajadores de los Peajes y Afines (SUTPA) ligado a Facundo Moyano, a las que consideró “ilegales e ilegítimas”.

Las protestas se concretaron la semana pasada durante cuatro días y afectaron las operaciones de la empresa “causándole al Estado Nacional una pérdida de más de 2.500 millones de pesos”, indicaron fuentes oficiales.

“La acción sindical extorsiva se inició con un reclamo al Estado Nacional en solidaridad con la situación laboral de 500 trabajadores privados pertenecientes a la empresa Caminos del Río Uruguay, cuya concesión finalizó según lo estipulado desde 2014. Así, el sindicato pretendía que el Estado Nacional contrate o indemnice a 500 personas que son responsabilidad de una empresa privada”, señalaron.

Y apuntaron que, “al afectarse las operaciones por motivos ajenos a Corredores Viales y por hacerlo sin dar aviso previo a la autoridad de aplicación, tal como lo impone la Ley 14.786, se denunció el hecho ante la Secretaría de Trabajo. Frente a esto, SUTPA cambió el motivo del paro por otras razones que no justificaban un paro por tiempo indeterminado”.

“Como ya fue advertido por Corredores Viales a sus trabajadores, de continuar con estas medidas extorsivas y desproporcionadas, la empresa seguirá adoptando las sanciones disciplinarias correspondientes, como descuentos de días y horas de trabajo, pérdida del presentismo y despidos”, remarcaron desde el Gobierno.