En la Sala VI del Tribunal de Juicio comenzó la audiencia de debate seguida contra un hombre imputado por administración fraudulenta y estafas reiteradas (16 hechos) y usurpación de propiedad.
Policiales19 de febrero de 2025
prensa
El tribunal colegiado está integrado por los jueces José Luis Riera (presidente), Mónica Mukdsi y Guillermo Pereyra (vocales).
Entre los delitos que se le atribuyen al acusado figura una estafa con la compra venta de numerosos terrenos en la localidad de La Merced.
Según consta en la requisitoria de elevación a juicio, uno de los denunciantes refirió que en mayo de 2015 celebró con el imputado un contrato de compra venta de un terreno de 12 hectáreas en La Merced para el desarrollo de un loteo. Luego se suscribió una ampliación del contrato afectando otro inmueble de 11 hectáreas al proyecto, lo que se denominó segunda etapa. El acusado se comprometió a realizar todas las gestiones que implican el desarrollo del loteo, pero no cumplió.
En la primera etapa del proyecto se trazaron alrededor de 260 lotes individuales. En el acuerdo se estipulaba que el acusado le pagaría al denunciante el 50 por ciento del valor de cada lote vendido. El damnificado le entregó al sujeto la posesión inmediata para que pudiera comenzar con la operación inmobiliaria. No obstante el denunciante no recibió el dinero acordado a pesar de que los terrenos fueron vendidos a terceros.
Además, en el contrato de ampliación se estipulaba que el acusado debía contar con un poder de disposición y administración del vendedor para poder vender los lotes, el cual jamás le fue otorgado. Aún así, el imputado enajenó casi la totalidad de los terrenos de la segunda etapa consignando a los compradores que los vendía “por cuenta y orden” del denunciante, lo que no era verdad.
Así, el sujeto comercializó bienes que no eran de su propiedad quedándose con el 100 por ciento del dinero obtenido, incumpliendo un contrato.
En la causa también figuran denuncias de varias personas que compraron terrenos individuales y se vieron afectadas por las irregularidades con que el imputado adquirió el inmueble. Este les había asegurado que el loteo se encontraba en condiciones de ser escriturado y que contaba con todos los servicios, pero la realidad era que no existía aprobación por parte de los organismos pertinentes.
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