El Gobierno despidió al 40% de los trabajadores de la dirección de VIH

SociedadEl viernes Por Prensa
Desde el Frente Nacional por la Salud de las Personas con VIH, Hepatitis y Tuberculosis advirtieron que los despidos masivos dejan sin capacidad al Ministerio para dar respuesta a las enfermedades.
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El Gobierno avanzó con el recorte en el Ministerio de Salud al oficializar el despido de un 40% del personal de la planta de la Dirección de Respuesta al VIH, Hepatitis y Tuberculosis y un 30% de la Dirección de Vacunas.

De esta manera, ratificaron el anuncio realizado a mediados de enero cuando la cartera encabezada por Mario Lugones adelantó que no renovaría unos 1.400 contratos en el marco de un "proceso de reestructuración" y argumentando que habían detectado irregularidades en los mismos.
 
Desde el Frente Nacional por la Salud de las Personas con VIH, Hepatitis y Tuberculosis advirtieron que estos despidos masivos dejan sin capacidad al Ministerio para dar respuesta a las enfermedades. Se trata de "profesionales que desde hace años aportan su experiencia y dedicación para la respuesta sostenida a estas pandemias", los cuales fueron notificados este jueves por la tarde.

En ese sentido, señalaron que existe un contexto de aumento notorio de los diagnósticos de VIH y Tuberculosis, por lo que "el desmantelamiento de las direcciones y la eliminación de las coordinaciones que desarrollan políticas públicas para la salud resulta criminal".

Además destacaron la relevancia de las direcciones que sufrieron recortes: "No solo se encargaban de adquirir y distribuir los medicamentos y tratamientos para las personas en todo el país; de planificar y ejecutar acciones de prevención, sino que también realizaban estimaciones y estudios sobre las poblaciones más vulnerables, lo que permitía diseñar estrategias efectivas de intervención".

Ante este escenario, recordaron lo señalado en la ley 27.675 que responsabiliza al Gobierno de "garantizar la provisión de medicamentos e insumos a toda la población" y explicaron que la intención de delegar este rol a las provincias "atenta contra la óptima utilización de los recursos públicos que deberían estar disponibles para atender las necesidades de la comunidad".

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