En medio de los intentos del Gobierno nacional por privatizar Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), incluida en la Ley Bases, un informe especial de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) confirmó que se encontraron incumplimientos, falta de documentación respaldatoria, movimientos financieros sin justificación, irregularidades y deudas millonarias con la AFIP en la gestión de la minera ubicada en la provincia de Santa Cruz.

La auditoría sobre la empresa que está bajo la órbita de la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía - a la que accedió Infobae por un pedido de Acceso a la Información Pública- incluye a los Servicios Ferroportuarios con Terminales en Punta Loyola y Río Gallegos y tuvo como fecha de cierre el 23 de septiembre último. A lo largo de 56 páginas, la SIGEN enumera diversas irregularidades en su funcionamiento que no son nuevas en YCRT y de los Servicios Ferroportuarios con Terminales en Punta Loyola y Río Gallegos. YCRT está intervenida por el Poder Ejecutivo Nacional desde 2002, cuando se revocó el contrato de concesión otorgado en 1994 a la firma YCRT SA por 10 años.

 “Persisten la falta de planificación presupuestaria e inconsistencias en el registro de la ejecución contable-presupuestaria, importantes debilidades que comprometen la confiabilidad e integridad de los sistemas (software y hardware), de la seguridad informática y consecuentemente, de la información que resguardan y suministran, la ausencia de inventarios de bienes de uso e inversiones que contenga la totalidad de los bienes debidamente valorizados, entre otras cuestiones observadas”, se advierte en el informe.

La SIGEN - a cargo de la cual está Martín Blanco - advirtió que YCRT no envió “la totalidad de la documentación respaldatoria sobre los últimos documentos emitidos al 23/09/2024 de los distintos puntos de venta -facturas, recibos, notas de débito y crédito. Asimismo, también resultó incompleta la documentación sobre algunas cuentas bancarias, omitiéndose información respecto de los últimos cheques emitidos. En lo que respecta a Órdenes de Pago, conforme lo expuesto en el apartado ‘Resultados’ del presente informe, la metodología de emisión establecida por el ente impidió el control respecto de su integridad y cronología. Las situaciones descriptas no permitieron reconocer fehacientemente las últimas operaciones registradas en el ejercicio”.

En lo que se refiere a la operación y mantenimiento del complejo minero, el organismo de control advirtió “la carencia de un sistema de información necesario para la toma de decisiones y el control de la marcha de la empresa, principalmente en lo que se refiere a las inversiones y su avance”. En ese sentido, alertó sobre “un escenario de debilidad de control interno y de gestión”.

La minera está en la mira del gobierno libertario desde su asunción por sus números en rojos para y el flujo de recursos que demanda para funcionar. Como reveló el medio Infobae, al cierre del tercer trimestre del 2024, tuvo un resultado económico negativo de $8.728 millones, tras haber recibido giros del Tesoro nacional, en los primeros nueve meses del año pasado, por $53.837 millones. Sin estos recursos, su rojo operativo fue de $62.565 millones.

Esta situación fue advertida por la SIGEN, que señala en su informe que “la inmensa mayoría de los Ingresos del Yacimiento corresponden a Transferencias del Tesoro Nacional. Lo señalado evidencia que la operatoria del YCRT no resulta suficiente para solventar su gestión”.

Según el informe y en base a la información brindada por las autoridades de YCRT, en el complejo minero trabajan 2.094 agentes, con una remuneración bruta promedio de $2,4 millones. Bajo esta gestión, hubo 30 empleados que adhirieron al retiro voluntario por un total de $ 587,7 millones.

Informe Infobae