La fiscal federal de Jujuy, Lucía Orsetti, imputó a seis exfuncionarios públicos de la gestión del exgobernador Gerardo Morales por fraude contra la administración pública y el uso de documentos públicos falsos labrados por diferentes áreas del Ministerio de Educación, para la construcción de la Escuela Secundaria N°57 en la localidad Caspalá. La decisión se produce en la causa por la que el Gobierno de Jujuy deberá restituir el predio que tomó y reparar los daños que provocó en otro privado, que pertenecen a los habitantes del pueblo que está ubicado a 4.000 metros sobre el nivel del mar, por avanzar sobre los derechos de la comunidad a preservar sus costumbres ancestrales.

La representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) explicó que esas "maniobras" causaron un perjuicio de más de $43 millones al Estado nacional, quien aportó los fondos para las obras que comenzaron y no pudieron culminar debido a que el lugar designado para levantar el establecimiento educativo era un yacimiento arqueológico protegido por leyes provinciales y federales, la Constitución Nacional y convenciones internacionales.

De acuerdo al antropólogo Gustavo Ontiveros, en la propiedad privada, ocupada por el Estado jujeño para construir la cancha de fútbol destruida, a modo de reparación, las máquinas "arrasaron con parte de cuatro o cinco estructuras subterráneas que podrían tratarse de tumbas o silos circulares". "Además, se destruyeron estructuras de andenes arqueológicos antiguos, algunos prehispánicos", agregó.

La jueza de garantías N°2 de San Salvador de Jujuy, Carina Inés Gregoraschuk, hizo lugar a la imputación formulada por la fiscal federal de Jujuy, Lucía Orsetti, sobre la exministra de Educación provincial, María Teresa Bovi; la titular de la Secretaría de Infraestructura Educativa, arquitecta María Victoria Martínez Fascio, y el director de Proyectos de la Secretaría de Infraestructura de esa cartera, arquitecto José Raúl Torrejón. También para la asesora legal de ese ministerio, María Cecilia Rotondo; el exasesor legal de la Fiscalía de Estado jujeña, Diego Montenovi; y el excomisionado municipal de Caspalá, Natividad Apaza.