En 2023 la gestión de Alberto Fernández realizó 2.985 contratos para atender 15.101 edificios públicos. El 61% del gasto se concentró en sólo diez empresas. Aerolíneas Argentinas fue quien más contratos realizó. El 72% de las licitaciones presentaron problemas.
Economía07 de diciembre de 2024
Prensa
Un informe de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), fechado en noviembre pasado, revela graves irregularidades en las contrataciones que en 2023 realizó el gobierno de Alberto Fernández por“servicio de limpieza”. En total se gastaron $88.110.364.284,94 a través de 2.985 contratos para prestar servicio en 15.101 edificios que dependen de 144 organismos oficiales.
El arco va, por ejemplo, desde Aerolíneas Argentinas a la ANSES. A través de contrataciones y licitaciones, fueron adjudicadas 355 empresas. De estas, solo 10 concentraron el 61,78% del monto, lo que indica, según se expresa el documento, una alta concentración del mercado en pocos proveedores. La auditoría es tajante: detectó múltiples irregularidades en los procesos de adjudicación “el 72% de los contratos revisados presentaron problemas administrativos, como la falta de documentación adecuada en el 48% de los casos y adjudicaciones directas sin justificación en el 35% de los casos analizados”. También se detectaron casos increíbles que van a ser investigados, la ANSES, por ejemplo, realizó contratos con empresas de limpieza por un valor hora de $129.682,75.
Entre las principales irregularidades, el informe destacó no solo la concentración de proveedores, donde un grupo de 10 empresas, se alzó con $54.431.276.122,42 de la inversión. También se identificó “la reiteración de miembros del directorio en diferentes empresas adjudicatarias, sugiriendo posibles vínculos entre estas”.
La auditoría también subrayó la falta de controles en la prestación del servicio, como la verificación del cumplimiento horario y la asistencia del personal, y la insuficiencia de controles sobre los aportes jubilatorios y seguros de riesgos del trabajo (ART). Además, se observó disparidad en los ajustes de precios, que se realizaron bajo criterios diversos “sin un estándar uniforme, y deficiencias en la documentación y metodología, con un 28% de los contratos sin especificar las metodologías de ajuste de precios”.
En concreto, el análisis de los auditores señala inconsistencias en los datos reportados, como contratos con cantidades irrazonables de horas de trabajo diario por persona o registros incompletos. “Por ejemplo, varias organizaciones, entre ellas el Banco de la Nación Argentina, consignaron montos mensuales superiores a los totales de contratación o valores simbólicos como $0,01 en algunos contratos”. También se destaca que: “El 28,8% de los contratos reportaron ajustes de precios, y para aquellos prorrogados, se calculó su duración según las fechas de finalización de las extensiones”.
través de la Superintendencia de Servicio de Salud, el gobierno nacional dispuso la baja de 20 prepagas que estaban inscriptas en los registros de la entidad. La medida fue plasmada este viernes mediante el Boletín Oficial, en un documento que lleva la firma de Silvia Noemí Viazzi, supervisora técnica. Por su parte, aclaró que la medida no genera un impacto en los afiliados del sistema de salud privado.
El Ministerio de Economía dará a conocer este viernes el resultado de las cuentas públicas del año pasado. Tiene que conseguir un superávit de 1,6% del PBI para poder pedir un waiver dado que no pudo cerrar los números en dólares.
