El Ministerio de Justicia informó este martes el despido de los trabajadores pertenecientes a la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) que paralizaron sedes Dirección Nacional de Registros de la Propiedad Automotor (DNRPA). Mediante un comunicado detallaron que las medidas de fuerza empleadas “provocaron pérdidas millonarias para el Estado Argentino y daños irreparables para los ciudadanos”.

En el mismo sentido, advirtieron que “no permitirá la extorsión, la violencia, los escraches ni las amenazas de ningún sector”.
 
El conflicto se hizo carne luego de que el Gobierno anuncie en julio el cierre de 136 sedes en todo el país y realice un ofrecimiento de retiros voluntarios a 2500 trabajadores de DNRPA quienes perciben su sueldo por medio del Ente cooperador ACARA (Asociación de Concesionarios de Automotores) y gran parte de ellos no lo acepten.

“El Ministerio de Justicia informa que, en línea con las acciones promovidas contra los miembros del sindicato de la Asociación de Trabajadores del Estado, quienes ocuparon ilegalmente, interrumpieron la prestación del servicio, paralizaron la sede central del Registro de la Propiedad Automotor y provocaron pérdidas millonarias para el Estado argentino y daños irreparables a los ciudadanos, se despedirá con justa causa a todos los agentes que hayan participado y/o participen de esta medida ilegal y extorsiva”, señalaron desde la cartera que conduce el ministro Mariano Cúneo Libarona.

En el mismo sentido, hicieron saber a “los agentes que no se presenten a sus puestos de trabajo a prestar tareas y participen de actividades que no hayan sido consentidas de forma expresa por el Ministerio de Justicia serán pasibles de las sanciones previstas en los regímenes legales pertinentes”.

“Esta Administración no permitirá la extorsión, la violencia, los escraches ni las amenazas de ningún sector que interrumpan el normal desenvolvimiento de las obligaciones y de las funciones estatales y de los servicios que el Organismo de este Ministerio presta al ciudadano de bien, quien no debe pagar las consecuencias de la irracionalidad del accionar de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la cual, bajo falsos reclamos, persigue beneficios sólo para sus autoridades”, concluyeron.