La Justicia citó a indagatoria al expresidente Alberto Fernández en la causa de los seguros, que investiga la existencia de un esquema de recaudación y distribución de fondos públicos por medio del direccionamiento irregular en la contratación e intermediación en seguros tomados por distintas reparticiones públicas. El exmandatario deberá presentarse en calidad de acusado el 20 de noviembre a las 10 hs.

Para días posteriores también fueron citados entre otros Héctor Horacio Martínez Sosa, María Marta Cantero, Alberto Carlos Pagliano y Sebastián Díaz Bancaleri, quienes, según la investigación, habían operado “con la connivencia de Fernández” en “la contratación de seguros de diversos entes estatales, y en especial a través de la intermediación de particulares y empresas entre dichos entes y la aseguradora "NACIÓN SEGUROS S.A."; como así también en la inclusión de empresas coaseguradoras por parte de ésta”.

La maniobra descripta “habría requerido de la intervención intencional de funcionarios públicos de “NACIÓN SEGUROS S.A.” y también de las distintas reparticiones estatales tomadoras de los seguros en cuestión que, según los casos, de modo impuesto o acordado, directa o indirectamente o por actos simulados, habrían mostrado interés para un propio beneficio o de terceros, en la designación irregular o informal de productores, organizadores y másters e, incluso, de coaseguradoras privadas, con la consecuente incorporación en las pólizas y liquidación de dividendos en favor de dichos particulares por parte de “NACIÓN SEGUROS S.A.”.

Esto “habría dado lugar a que gran parte de aquellas contrataciones, fuera necesario o no, contasen con la intervención de personas físicas o jurídicas que actuaron como intermediarios bajo las figuras de productores, organizadores y másters, destacando que muchos de ellos no habrían cumplido función alguna como contraprestación por las elevadas comisiones que les eran liquidadas”.

Al tiempo que se desarrollaban las gestiones de las designaciones de intermediarios, la fijación de sus comisiones y el otorgamiento discrecional de coaseguros, según se describe en la causa, “se habrían dado distintas comunicaciones para el direccionamiento, en las que empresarios y funcionarios interesados, se contactaban informalmente con las diferentes reparticiones públicas para indicarles a qué productores de seguros debían designar”.

“Todo ello”, señala el escrito firmado por el juez federal Julián Ercolini, “conforme la aprobación primigenia que habría otorgado Alberto Ángel Fernández para la conformación de la estructura y la modalidad delictiva descriptas”.

“Además, aprovechándose de su investidura, el nombrado habría retenido la potestad de adoptar la última decisión en caso de controversia entre los demás miembros del grupo y se habría ocupado del direccionamiento en los casos en que las gestiones previas resultaban infructuosas”, concluyó.