Este 8 de julio el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, es uno de los mandatarios que viajo a Tucumán para firmar, en la víspera al Día de la Independencia, el retrasado Pacto de Mayo.

Para garantizar su presencia, así como el voto positivo de la Ley Bases de los cuatro diputados que responden al gobernador salteño, el ex ministro del Interior, ahora convertido en jefe de Gabinete, Guillermo Francos, debió sentarse a negociar con los gobernadores y prometer obras paralizadas desde la llegada de los libertarios, aunque en el caso de Salta por ahora son solo promesas  en un convenio marco que incluye 53 obras consideradas imprescindibles por el Ejecutivo provincial, pero sin detallar montos, ni los plazos en que arribaría el dinero para su ejecución.

 
Francos aprovechó la volada para desprenderse y transferir a la provincia otras 65 obras, entre ellas la finalización de 2.000 viviendas.

Para lograr el llamado desde la Casa Rosada y arribar a este primer acuerdo, Sáenz puso en duda su acompañamiento al fracasado pacto de mayo en Córdoba, y, si bien sus diputados ya habían dado el sí en la votación de la Ley Bases en la Cámara baja, restaba respaldar lo que volvió con cambios desde el Senado.

Pero no solo eso, el salteño aprovechó el 17 de junio, día del paso a la inmortalidad del General Güemes, para presentar el Pacto de Güemes, en el que junto al empresariado, el sector trabajador representado por la CGT local, y otras fuerzas políticas, exigían mayor federalismo y una mirada más equitativa para las provincias del Norte. Ese día, junto a los gobernadores del Noroeste, le entregó una copia a la vicepresidenta Victoria Villarruel. Y días más tarde, en la celebración por el día de la bandera, lo presentó en persona al Presidente y al jefe de Gabinete.

 
En definitiva, a mediados de junio el gobernador anunció que había firmado tres convenios marco junto a Francos y el secretario del Interior, Lisandro Catalán, que incluían 118 obras paralizadas desde diciembre por la nueva gestión, 53 de las cuales terminará de ejecutar el gobierno central y las restantes, la provincia.

Entre las que Nación se comprometió a seguir están los tramos de las rutas 51, 40, 9-34 entre Rosario de la Frontera y Metán, el esperado puente de la localidad de Vaqueros con su circunvalación, y la Ciudad Judicial de Orán, así como 12 nuevos edificios escolares ya proyectados.

Respecto a la obra que ahora deberá afrontar Salta, el ministro de Infraestructura, Sergio Camacho, informó que ya habló con los empresarios asociados a la Cámara Salteña de la Construcción y explicó que se abrió otra instancia administrativa para la firma de convenios específicos de cada una de las obras, entre ellas el alteo del dique El Limón, 17 Centros de Desarrollo Infantil, 18 proyectos de remodelación de edificios escolares, la puesta en valor de edificios históricos como el Fuerte de Cobos y Finca El Carmen.

 
A estas se suma la finalización de casi 2.000 casas en capital y otros departamentos, las que, según adelantó el ministro, se completarán a través de un programa de ahorro previo. “Lo importante es que todo lo invertido por Nación hasta el momento y la recuperación de las cuotas quedará en la provincia para la reinversión y el funcionamiento del IPV”, intentó justificar Camacho.

Añadió que la inversión supera los $300.000 millones, entre las obras que continuarán siendo financiadas por la Nación, las que estarán a cargo de la provincia y las que se ejecutaban de forma directa con los municipios. Aunque no dio más detalles de cómo se lograrán financiar.

Tampoco hay definiciones de cuándo ni cómo arribarán los fondos nacionales para la finalización de las obras comprometidas.

 
A pesar de las dificultades por la suspensión de la financiación de obras y de otros fondos coparticipables, más la licuación de la coparticipación federal, el gobierno de Salta insiste en que sigue con las cuentas equilibradas y, de hecho, hasta ahora viene afrontando sus obligaciones en tiempo y forma. Por otro lado, el Ejecutivo provincial decidió asumir el pago del incentivo docente (FONID) y el ítem Conectividad, que también había dejado de percibir la docencia por decisión de Javier Milei. Estos pagos representan para las arcas provinciales una erogación de $7.000 millones. Ahora, y mientras la Corte Suprema de Justicia de la Nación estudia el amparo presentado por la provincia, el FONID pasó a denominarse “Compensación Transitoria Docente”.

Consultados por este diario, varios senadores provinciales confesaron no haber recibido detalles aún sobre el financiamiento de obras y dudaron del cumplimiento de las promesas del jefe de Gabinete, "hasta que no se firmen los convenios específicos no hay tales obras", contestó uno.

 
"Más después de los anuncios del ministro de Economía Luis Caputo" sobre transferir las deudas del Banco Central al Tesoro, "eso va a generar más ajuste fiscal", dijo otro legislador de un bloque cercano al gobernador; también se quejó de la transferencia de las obras de viviendas: "Nación solo le da a Salta el permiso para que se terminen pero no ponen un peso".

Por ahora, como reza la canción, con "promesas sobre el bidet" y extorsionando con los fondos nacionales, contradiciendo uno de los postulados del Pacto de Mayo que firmarán este 8 de julio, Francos se aseguró la firma del gobernador y la mano en alto de sus diputados para aprobar la Ley Bases.
 
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