En medio de la investigación por la muerte de cinco personas en un feroz tiroteo en una disputa por parcelas en La Matanza, hay 250 juicios con trámite de desalojo en curso para intentar recuperar tierras públicas, según datos oficiales a los que accedió TN.

Las propiedades del Estado ocupadas de manera ilegal en algunos casos por una persona y en otras por cientos de familias están distribuidas en todo el país. En total son más de 500 hectáreas “usurpadas” en las que están emplazadas unas 1000 personas.

A pesar de que muchos juicios ya cuentan con sentencia, los desalojos no se ejecutan por motivos de “seguridad pública”, como por ejemplo la presencia de menores en las tomas.

Hay propiedades estatales usurpadas en todo el país, desde la Ciudad y la provincia de Buenos Aires hasta Córdoba, Chaco, Jujuy, Corrientes, Entre Ríos y Mendoza. Si bien la mayoría ocurren en terrenos sin edificar (como los linderos a las vías del tren), también se dan en galpones y hasta casas ubicadas en plena Capital Federal.