
El legislador -en uso de licencia- solicitó brindar su testimonio en la investigación por lavado de activos. Mientras que el magistrado Martínez de Giorgi implantó el secreto de sumario debido a que hay medidas de prueba ordenadas en curso.


El diputado se presentó en los tribunales federales y se "autoimputó" en la cuasa por el intento de asesinato a Critina Kirchner y pidió tener acceso al expediente.
Política02 de junio de 2023
Agostina Morales
El diputado Gerardo Milman se presentó en los tribunales federales y se "autoimputó" en la cuasa por el intento de asesinato a Critina Kirchner. En medio de los tironeos por la elevación a juicio oral de la primera parte de la causa, la medida inesperada tomada por el legislador le permite acceder a expediente.


El abogado que se hará cargo de la defensa es Manuel Barros, que, según señalaron en los tribunales, fue letrado de Gendarmería Nacional e incluso habría tenido alguna vinculación en la causa por la muerte de Santiago Maldonado.
El fiscal Carlos Rívolo, que tiene delegada la investigación, ya había señalado que el legislador no estaba formalmente imputado. No obstante, en el marco de la gravedad institucional del ataque, había solicitado que se secuestrase su teléfono, previo a un proceso de desafuero que debía iniciar el Congreso de la Nación. La jueza María Eugenia Capuchetti se lo negó, precisamente, porque no estaba imputado.
De esta manera, la jugada de Milman llamó la atención en los tribunales por el momento en que se hizo.
Esto generó críticas de la defensa de Cristina Kirchner contra la jueza y el fiscal. Los abogados de la vicepresidenta insistirán la semana próxima con la recusación de Rívolo. La Cámara Federal, en tanto, debatirá a partir del 22 de junio si hace lugar al pedido del secuestro del teléfono de Milman.

El legislador -en uso de licencia- solicitó brindar su testimonio en la investigación por lavado de activos. Mientras que el magistrado Martínez de Giorgi implantó el secreto de sumario debido a que hay medidas de prueba ordenadas en curso.

El Gobierno lo fijó el martes por decreto, tras el fracaso del último Consejo del Salario, donde la central obrera propuso un aumento acumulado del 71,6%.







