“Nos duele enormemente que solo las malas noticias trasciendan y nunca todo el trabajo, todo el esfuerzo que se hace en esta sede, donde se forman alrededor de 5 mil alumnos”, fue la expresión de un directivo consultado por El Tribuno a partir de otro escándalo que asoma en la sede Tartagal de la Universidad Nacional de Salta. En esa casa de altos estudios un alumno denunció acoso sexual por parte de un docente, y el docente denunciado, a través de redes sociales, hizo su descargo, se identificó como integrante del colectivo LGBTIQ+ y consideró que su condición de minoría hizo que ni sus colegas ni los directivos de la sede Tartagal lo defendieran, y por el mismo medio amenazó con quitarse la vida como consecuencia de su estado mental y emocional.

La denuncia, que en esta oportunidad tuvo un tratamiento interno pero también llegó a la Justicia ordinaria, le sigue a las presentaciones que un egresado de la carrera de perforaciones realizó contra el director de la sede Tartagal, Carlos Manjarrés, y que elevó al Consejo Superior de la UNSa. También la presentó en la oficina Anticorrupción de la Nación por supuestos negocios incompatibles con el cargo de Manjarrés, quien también es accionista y directivo de la empresa GMC perforaciones, dedicada a la perforación de pozos de agua en el departamento San Martín, donde realizó el asesoramiento académico y los estudios de prefactibilidad, aconsejando las mismas obras que su empresa ejecuta, de acuerdo con la denuncia.

A pesar de la gravedad de ambas denuncias, en ninguno de los dos casos las autoridades de la sede de Tartagal quisieron realizar ningún tipo de declaraciones.

Manuel Moreno, presidente del Centro de Estudiantes de la sede Regional Tartagal en una nota realizada por el periodista Luis Mena de General Mosconi dijo que 

“Como a comienzos de este año el alumno sufrió un serio apriete, volvimos a realizar la presentación, porque hay otros docentes de la misma carrera que han tenido una actitud intolerable con este chico: fue engañado porque lo citaron a una consulta académica donde colegas del docente denunciado lo obligaron a firmar un papel donde decía que él como alumno se comprometía a juntarse con el docente acosador y un mediador”.

El presidente del Centro de Estudiantes relató que además “al chico le pusieron la carrera de por medio y le hicieron entender que si no levantaba las denuncias nunca se iba a recibir, pero que si las levantaba se iba a recibir muy rápido. Como prueba de esta propuesta le sugirieron que estudie determinados temas para el lunes siguiente. Son actitudes inaceptables de algunos docentes”.

Por la falta de respuestas de las autoridades de la Facultad de Salud de la UNSa, los alumnos de la sede Tartagal se manifestaron a través de pegatinas, pero la reacción “no fue resolver el tema sino sacar los carteles”, expresó Moreno, y precisó que el joven estudiante decidió realizar una denuncia penal por el caso.

El docente acusado, Ernesto Acosta, quien por redes sociales decidió hacer su descargo y defenderse de las denuncias en su contra, tanto en el ámbito universitario como penal explicó que decidió hacer pública la situación “que viene atentando contra mi salud mental. Soy abiertamente homosexual, porque tengo mi pareja, que presenté a mis amistades y a todo mi círculo familiar. Me acusan de acoso sexual a un alumno de la carrera de enfermería y también acusan a la coordinadora de la carrera de resguardar o esconder notas, siendo que esas notas no existen. En febrero de 2023 inicié normalmente mi trabajo porque no había recibido ninguna notificación formal por las supuestas denuncias. Pero me excluyeron de las mesas de exámenes y las autoridades de la sede Tartagal no me han dado una respuesta, pero aun así comencé a trabajar normalmente el 20 de marzo. El 21 la sede estuvo empapelada con imágenes mías y de la coordinadora, porque continuaron el hostigamiento”.

El docente, entre lágrimas, negó enfáticamente haber acosado a un alumno y aseguró que “todos estos hechos atentan contra mí y contra mi familia. Por eso he formalizado una denuncia por violencia de género por ser integrante de la comunidad LGBTIQ+. Las publicaciones en mi contra incitan al odio y a la violencia contra la comunidad a la que pertenezco. Toda esta situación me llevó a hacer una consulta a un siquiatra, quien me indicó un largo tratamiento, certificado que fue presentado en la sede Tartagal”.

Aseguró que por decisión de las autoridades de la Facultad de Salud y aprobada por el Concejo Directivo “recibí una resolución mediante la que se me informa que se decidió suspenderme de mis funciones por tres meses sin goce de haberes. He sido violentado de forma severa porque soy parte de un grupo vulnerable. Me dejaron en situación de indigencia a pesar de que soy el único sostén de mi familia. No he recibido ningún tipo de contención por parte de la universidad, he sido violentado, discriminado y juzgado sin darme derecho a la defensa. Me discriminan por ser homosexual… a mí ya se me ha juzgado y condenado. ¿Qué pasaría si pierdo mi cordura y mi vida? Ya hablé con mi abogado en caso de que existiera alguna indemnización si yo ya no estuviera en este mundo”, expresó visiblemente conmovido y pidió: “Basta de homofobia y de juzgar a las minorías”.