La jueza María Eugenia Capuchetti abrió una investigación penal sobre la pérdida de información del celular de Fernando Sabag Montiel, el principal imputado por el intento de magnicidio contra la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner.

La decisión la tomó la magistrada luego de recibir un informe de la Gendarmería (GNA) realizado por especialistas a pedido de la Justicia que marca los diversos errores que derivaron en que el celular vuelva a su estado de fábrica, perdiendo toda la información que contenía. El trabajo de la GNA comprometió especialmente a la Policía Federal pero también a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y no dejó bien posicionada a la propia Capuchetti. Ahora, la pesquisa sobre el episodio puntual del teléfono quedó a cargo de la magistrada María Servini.

La nueva causa fue identificada con el número 4322/2022 e ingresó este lunes al juzgado federal Nº 1 a cargo de Servini. Entró por sorteo luego de que Capuchetti ordenara una “extracción de testimonio” a partir del peritaje de la Gendarmería, que expuso el rol de la Policía Federal en el reseteo del celular de Sabag Montiel.

La Policía Federal fue la primera fuerza en manipular el aparato telefónico y según el peritaje de la GNA no tomó "los recaudos pertinentes respecto a su debida preservación/resguardo”.  Además abordó el celular a través de un software “completamente desactualizado”, según se precisó en el informe. En el estudio también se señalan falencias cometidas por la PSA, la fuerza que quedó a cargo de peritar el teléfono tras el apartamiento de la Federal y adonde llegó completamente “manoseado”. Lo cierto es que el trabajo expone la responsabilidad de la jueza Capuchetti en todo este asunto. Justamente, su accionar ante este hecho fue criticado por la querella en su pedido de recusación de la magistrada.