La querella de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner pidió este lunes el apartamiento de la jueza federal María Eugenia Capuchetti, tras concluir que "no quiere ir más allá de lo que ya está" al investigar el intento de magnicidio de la exmandataria por el que se encuentran procesados como coautores el hombre que quiso asesinarla (Fernando André Sabag Montiel), su cómplice (Brenda Uliarte) y dos "partícipes secundarios" (Nicolás Carrizo y Agustina Díaz).

"Así, es imposible seguir. Estamos ante una de las causas más relevantes de nuestra historia democrática, y necesitamos que la investigación esté liderada por alguien voluntarioso/a y que las decisiones las tome un/a juez/a imparcial, comprometido/a con la verdad y la justicia, y no con no molestar a quienes no hay que molestar", sostuvieron los abogados Marcos Aldazabal y José Manuel Ubeira en el escrito que difundió la expresidenta por Twitter.

En el texto, apuntaron que la magistrada rechazó, "en su enorme mayoría", las medidas de prueba solicitadas por la querella y no impulsó una sola línea investigativa. "Bloqueó toda hipótesis que vaya más allá de Brenda Uliarte, Fernando André Sabag Montiel y Gabriel Nicolás Carrizo", sumaron.

"No estamos frente a una causal sobreviniente, sino ante un sinfín de actitudes de la magistrada que no nos dejan otra alternativa que recusarla. Y, por la naturaleza del caso, su apartamiento no solo tiene que ver con los derechos de esta querella, sino que es imperante para que la sociedad argentina conozca la verdad acerca de lo sucedido. Ya nos hemos cansado de vivir en la incertidumbre debido a la impericia o, directamente, el accionar delictivo de la justicia", plantearon.

 
Y advirtieron: "Si esta instrucción la completa María Eugenia Capuchetti, todos seremos noveles Sócrates que solo sabremos que no sabemos nada. Pero no por un ejercicio de mayéutica, sino porque la instrucción habrá estado a cargo de alguien que ni sabe ni quiere investigar".

Luego, a partir de la página 7, la querella pasa a enumerar los motivos por los que recusó a la jueza.

Entre los fundamentos, señala la pérdida de datos del teléfono de Sabag Montiel, autor material del intento de homicidio contra la ex presidenta, y la detención de Brenda Uliarte, pareja del acusado. En este punto, además, cuestionan a la jueza por no haber investigado a la Policía Federal. 

"La magistrada gasta sus (escasas) energías en investigar a la custodia vicepresidencial, mientras que no ha puesto la mirada en la PFA ni por un segundo. Cuando esta fuerza ya había destruido gran parte de las posibilidades de éxito de la investigación, la apartó de la instrucción. Pero nunca movió un dedo para que se estudie su más que sospechosa conducta", expone.

 
En línea con estos argumentos, el escrito continúa apuntando a la actuación de la jueza. En este caso, por la demora para ordenar investigar y -eventualmente- detener a otros implicados en la investigación, a partir de las pruebas que surgieron del teléfono celular de los detenidos.

"Hasta ese entonces teníamos lo que considerábamos graves errores y tardanzas inexplicables. Cuando se solicitaron medidas que iban más allá de Uliarte, Sabag Montiel y Carrizo, la parcialidad ya fue evidente", afirma.

En ese sentido, profundiza sobre Hernán Carrol, a quien Sabag Montiel le encomendaba su defensa. Señalaron que Carrol había dado una charla con Uliarte pocos días antes del ataque en Juncal y Uruguay y añadieron que en sus redes, había una serie de publicaciones "de extrema violencia hacia" la vicepresidenta.

"Esta presentación generó un informe de la PSA que identificó que, efectivamente, habían existido comunicaciones entre Carrol y Uliarte, y que Uliarte y Sabag habían ido al cumpleaños de un amigo de Carrol, Martín Almeida. Almeida y Carrol eran parte del grupo denominado “Nueva Centro Derecha”, vinculado, de acuerdo con sus propias publicaciones, con personajes como Bullrich o Milei. Almeida, además, le había mandado un mensaje a Uliarte el día del atentado, que decía 'se pudrió?'", sigue.

"Solicitamos una ampliación de las medidas, que incluían el allanamiento y el secuestro de los celulares de Hernán Carrol y Martín Almeida. Obviamente, se configuraban los elementos necesarios para llevar adelante la producción de estas pruebas. Era evidente, además, que la celeridad sería determinante, dado que se trataba de personas con un grado importante de coordinación política y de contactos -añade-. Pero para nuestra perplejidad, cuando las pruebas empezaban a dar resultados, la magistrada decidió frenar esta línea. Nunca allanó a Carrol ni a Almeida y este tramo de la causa terminó por filtrarse a la prensa, lo que hirió de muerte toda posibilidad de éxito".

Es en este pasaje del texto, la querella apunta a Gerardo Milman, diputado del PRO, quien, según el testimnio de Jorge Abello, asesor del diputado oficialista Marcos Cleri, le dijo a dos de sus asesoras, durante un encuentro el 30 de agosto en el bar Casablanca, ubicado en las inmediaciones del Congreso: 'Cuando la maten, voy a estar camino a la costa'.

La querella detalla que, frente a esta declaración, solicitaron se investigue si el legislador opositor había estado en ese bar esa fecha, si había estado acompañado por dos mujeres, y si había viajado a la Costa ese día o uno cercano.

"La jueza solo solicitó las cámaras de los lugares aledaños, pero no pidió informes respecto de un viaje a la costa. Cuando llegaron las grabaciones de las cámaras, la jueza nos dijo (informalmente) que no había registro de Milman en las grabaciones. Entonces, nos pusimos a ver varias horas de video y, sin ser investigadores, sino simples abogados, ¡oh, sorpresa!, identificamos a Gerardo Milman, tarea ciclópea que fue demasiado para el juzgado que decidió asumir la instrucción", ironizaron.

Continúa informando que Capuchetti citó a declarar a las dos asesoras que habían estado en Casablanca con Milman -Carolina Gómez Mónaco y a Ivana Bohdziewicz- una vez que "no tuvo otra alternativa que actuar". Prosiguen relatando que ambas negaron primero la reunión, y que sólo la reconocieron una vez que les mostraron imágenes suyas en el lugar. "¡Qué mecanismo misterioso que es la memoria humana!", indica, otra vez, con ironía.

Ante la negativa por parte de la magistrada de avanzar sobre el secuestro de los celulares de Gómez Mónaco y Bohdziewicz, la querella habla de "impericia", "mala fé" y "mala mentira".

"La jueza no solo no investiga, sino que toda información apta para la causa que acercan testigos termina en otros expedientes penales, 28 en los que se criminaliza todo intento de investigar algo que vaya más allá de Uliarte, Sabag Montiel y Carrizo", apunta, a propósito de la causa que se inició contra Abello por falso testimonio. Y remarca: "Las verdades que involucran líneas que Capuchetti no quiere investigar las convierte en mentiras. Las mentiras que favorecen su desidia, como las de Gómez Mónaco, Bohdziewicz y Milman, las convierte en verdades".

Por último, ingresa en la línea vinculada con el financiamiento de "La banda de los Copitos" e indagan en el perfil de la jueza.

En este punto, expone que Capuchetti -cuando aún no era jueza- "visitaba regularmente la Agencia Federal de Inteligencia durante el gobierno de Mauricio Macri" y recuerdan que los ex titular de la AFI, Gustavo Arribas y Silvina Majdalani, están procesados por espionaje ilegal al Instituto Patria.

"A esta parte ya no le queda de dónde agarrarse para confiar en la imparcialidad de la jueza", subrayaron.

En el cierre del documento, la querella insiste: "Capuchetti no es ni objetiva ni subjetivamente imparcial. No es objetivamente imparcial debido a sus indebidas relaciones con la AFI macrista y a las presuntas medidas hechas para medios periodísticos y no para la causa, que surgen de la lectura de ciertos medios de comunicación masiva. Lo más importante, de todos modos, es su parcialidad subjetiva, que es la forma más fuerte de parcialidad. En otras palabras, Capuchetti ha actuado durante el proceso de forma totalmente reticente a investigar cualquier línea que involucre gente que vaya más allá de Uliarte, Sabag Montiel y Carrizo".

"Ante las pruebas presentadas por esta parte, la jueza o no actúa, o actúa tarde. Cuando se acercan testigos a aportar información valiosa, terminan imputados ellos o la información termina en otra causa, en la que se los acusa de mentir. Cuando las personas que podrían estar involucradas con el intento de asesinato le mienten en la cara, la jueza nada hace", sostiene.

Y concluye: "(...) Así, es imposible seguir. Estamos ante una de las causas más relevantes de nuestra historia democrática, y necesitamos que la investigación esté liderada por alguien voluntarioso/a y que las decisiones las tome un/a juez/a imparcial, comprometido/a con la verdad y la justicia, y no con no molestar a quienes no hay que molestar".