La justicia federal realizó esta tarde una inspección en el avión retenido en Ezeiza, dispuso una revisión técnica completa y retiró las dos cajas negras de la aeronave, confirmaron fuentes con acceso al expediente; a la vez que explicaron que los investigadores aguardan información de agencias extranjeras para determinar si existen elementos que vinculen a los tripulantes con el terrorismo o la inteligencia internacional.

La medida ordenada por el juez Federico Villena fue realizada por el Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la Policía Federal que, a requerimiento de la fiscal Cecilia Incardona, se secuestró las dos cajas negras del avión (una graba voces de cabina y la otra información de aeronavegación). También se secuestró documentación y se realizó una verificación técnica completa de la que participaron ingenieros aeronáuticos.

Aunque el expediente judicial permanece bajo secreto de sumario, el juez Villena y la fiscal Incardona solicitaron información a agencias extranjeras para conocer con certeza qué tipo de sanción pesa sobre el avión Boeing 747 de la empresa de transporte de carga Emtrasur, con matrícula venezolana YV3531, y si existen investigaciones sobre sus tripulantes; interesa en particular la información que pueda haber del piloto iraní Gholamreza Ghasemi.

La información habría sido solicitada a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (por las supuestas sanciones comerciales que pesarían sobre la aeronave) y a la Agencia Federal de Investigaciones e Inteligencia de ese país (FBI), según pudo reconstruir este medio.

A nivel local, la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) contestó esta mañana a primera hora un oficio enviado por el juez en el que solicitó información sobre las acciones llevadas a cabo por ese organismo en este caso, informaron fuentes oficiales.

Además, en el Juzgado federal de Lomas de Zamora esperan que Uruguay informe las razones por las que no permitió el ingreso de la aeronave a su espacio aéreo el martes de la semana pasada.

Por otro lado, los investigadores aguardan los informes encargados a la Policía Federal y a la Policía de la Ciudad con relación a los teléfonos celulares y los dispositivos electrónicos secuestrados a los tripulantes -14 ciudadanos venezolanos y 5 iraníes- que permanecen alojados en el Hotel Plaza Canning, y que no pueden irse del país porque la Justicia les retuvo los pasaportes.

Mientras a nivel judicial se esperan novedades, el accionar del Gobierno nacional y sus fuerzas de seguridad en relación con la llegada del avión el pasado 6 de junio fue destacado hoy por las representaciones diplomáticas de los Estados Unidos e Israel que siguen el avance del tema con detenimiento.