La norma promueve mecanismos de autorizaciones para los productores y comercializadores, y estrategias de seguridad, fiscalización y trazabilidad en la cadena.

En lo que respecta al cannabis medicinal, el objetivo es brindar un marco regulatorio para la inversión pública y privada en toda la cadena del cannabis medicinal y complementar la actual legislación, la Ley 27.350, que autoriza el uso terapéutico y paliativo del cannabis.

COMENTARIOS CON RESPECTO A LA LEY

A favor:
“Más de 25.000 productos se hacen con cáñamo y cannabis. Por eso es tan importante esta ley, porque hoy nace una nueva industria en Argentina”, expresó la diputada Mara Brawer, del Frente de Todos.

El diputado Ricardo Buryaile, de JxC, presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería, se refirió a este proyecto de la siguiente manera: “no es una carta blanca ni para el consumo, ni para el narcotráfico”. “Es simplemente iniciar una etapa en la Argentina donde se legaliza lo que es la producción que hoy hacen miles y miles de mamás para sus hijos”.

En contra:
“Con esta ley se legaliza un nuevo tóxico legal, que es la marihuana. Será el primer paso para que luego se avance en la legalización de la cocaína, de las pastillas, de todo aquello que narcotice al pueblo, todo esto financiado por las grandes multinacionales, interesados en desarrollar la producción del cannabis como punta de lanza para el ingreso de drogas a nuestro país”, advirtió Luis Giacomo de Juntos Somos Más, de Río Negro.

La diputada Paula Omodeo, de Juntos por el Cambio, advirtió esta iniciativa “tiene problemas de fondo de forma y procedimiento”. “Esto no quiere decir que estemos en contra del uso del cannabis medicinal, lo que nos preocupa es que en más de 12 artículos se deja un vacío legal”. Señaló que se delega en el Poder Ejecutivo el porcentaje de THC que debe tener el cáñamo y el destino que debe tener el eventual excedente que se genere en la producción.