Mientras tanto, la investigación de la Unidad de Flagrancia Este del MPF continúa, con el fiscal Federico Tropea al frente. Así se dispuso que se analizarán celulares y teléfonos secuestrados. También se investiga si efectivamente vendía los certificados, tal como figura en la denuncia que inició el caso. Tenía más de 200 cuando fue detenido, todos pre-impresos. Se sospecha que “emitió certificados a por lo menos 250 personas”, estimaron las fuentes consultadas.

 El texto en ellos decía: “Dejo constancia que contraindico para (…), DNI (..) la aplicación de las denominadas vacunas contra COVID, debido al hallazgo de elementos nocivos para su salud en su composición y a los graves efectos adversos incluida la muerte, según los registros oficiales”. Solo tenía que llenar el nombre del paciente y firmar, ni siquiera se establecían patologías o condiciones particulares.

Según fuentes de la causa, una inspectora del Ministerio de Salud refirió que bajo ningún punto de vista podía brindar ese tipo de certificados. En rigor, Yahbes quedó imputado por emisión de certificados falsos y violación de medidas contra la pandemia, según los artículos 295 y 205, respectivamente, del Código Penal. Su secretaria también enfrenta la misma situación.

Varios de sus seguidores se agolparon en la puerta del supuesto consultorio de Palermo para protestar por el allanamiento y el arresto del médico, y eso generó incidentes con la Policía de la Ciudad, a cargo de los procedimientos.

Así, se descubrió que Yahbes, especializado como pediatra, tenía la matrícula vencida desde el 10 de enero de 2021, pero con una prórroga otorgada por el contexto de la pandemia. El año pasado, invocó su condición de médico en un recurso de amparo contra ANMAT y el Ministerio de Salud para que se entregue información sobre las vacunas ARN contra el COVID, según documentos judiciales. Dijo que estaban “en etapa experimental en humanos en nuestro país” y, literalmente, pidió que se impida la vacunación “hasta tanto se garantice el acceso a la información solicitada, ya que de lo contrario se expone a la población a daños y riesgos inmensurables en la medida que no cuente con la información necesaria para prestar su libre consentimiento”.

La Justicia rechazó su planteo, y perdió en dos instancias. La Cámara Contencioso Administrativo Federal lo obligó a pagar las costas del expediente en abril del año pasado.

También fue denunciado por recetar dióxido de cloro a una pareja de adultos mayores que fallecían de COVID en el Sanatorio Otamendi, con una presentación en su contra firmada por la Sociedad Argentina de Infectología y la Fundación Huésped, entre otros.

Justamente, el dióxido de cloro, un producto vendido como cura mágica del coronavirus, fue prohibido y desacreditado por ANMAT: no puede venderse en la Argentina. Suele ser comercializado por pseudoespecialistas, expertos en terapias coloridas.

En tanto, la secretaria del médico acusado, también imputada en la causa por los mismos delitos que Yahbes, tampoco quiso declarar en la indagatoria ante el auxiliar fiscal Santiago Almeida.