La institución señala está al borde de la intervención judicial.

Fuentes cercanas a la ADP describieron , la grave situación institucional que enfrenten y detallaron que tras hacerse conocida la imputación a cargo del Ministerio Público Fiscal de Salta, en la sede de Juramento nº 99, de la Salta capital, sufrió la alteración de su fondo documental administrativo contable, pues habrían desaparecido expedientes, registros y computadoras.

En una arremetida contra la conducción ejercida por Viviana del Carmen Figueroa como secretaria general, junto a Ana María Cerezo, presentaciones judiciales actuantes, les achacan el incumplimiento de algunos aspectos vinculados al Estatuto de esta asociación de Primer Grado con personería gremial Número 809 otorgada por Resolución 115 del 18 de febrero de 1966.

El pedido que se presentara ante la Autoridad Nacional de Trabajo, expone supuestas irregularidades por “Los fondos sociales que no se hallan depositados en su totalidad en cuentas bancarias, se ha podido corroborar que existen sumas de dinero fuera de todo registro  en las cajas fuertes de ADP, que se encuentran en la sede de la calle Juramento 99 de la Ciudad de Salta.

Este grave incumplimiento a cargo del Secretario General y de la Tesorería de la Entidad repercute en la situación financiera contable de ADP y muestra un manejo cuanto menos informal de los aportes efectuados por los docentes” expone el texto jurídico.