El juez Guillermo Pereyra, vocal de la Sala VI del Tribunal de Juicio, ordenó que el acusado permanezca en libertad por la modalidad de la pena dictada.

Para conservarla, deberá cumplir una serie de obligaciones, como abstenerse de acercarse a la víctima, a su grupo familiar, a sus domicilios y a los lugares que ellos frecuenten en un radio de 300 metros; abstenerse de realizar actos de violencia física, psíquica o moral en su contra; abstenerse de entablar cualquier tipo de contacto con la víctima (personal, vía telefónica, redes sociales o sistemas informáticos de mensajería); abstenerse de abusar de bebidas alcohólicas y del consumo de estupefacientes; someterse a un tratamiento psicológico y presentar cada dos meses las constancias de su evolución.

El juez hizo lugar parcialmente a la demanda civil interpuesta por la denunciante en representación de su hija menor y, en consecuencia, condenó al imputado al pago de una suma equivalente a 100 consultas de psicoterapia individual según VAR determinado por el Colegio de Psicólogos de Salta, en concepto de reparación integral. Ello, más los intereses contados desde la fecha del hecho hasta el momento de su efectivo pago.

El juez ordenó finalmente que, una vez firme la sentencia, se le realice examen genético al condenado para su posterior inscripción en los bancos de datos que correspondan.

La denuncia fue radicada por la madre de la menor damnificada. Refirió que el 2 de junio de 2022, alrededor de las 19, mandó a su hija de 7 años a comprar en el almacén del imputado. Como se demoraba, fue a buscarla y vio al acusado dentro del local con la niña. Le llamó la atención porque siempre atendía a través de la reja. Entonces le preguntó a la menor qué había pasado y ella le contó que el sujeto la había hecho entrar al negocio y que adentro la había besado y le había tocado sus partes íntimas.