El juez Eduardo Raúl Sángari le impuso al sujeto de 42 años una pena de cuatro años de prisión efectiva y multa como autor del delito. Ordenó convertir en prisión domiciliaria el arresto domiciliario que venía cumpliendo el condenado. Ofició a la UADME para que se lo incluya en el Sistema de Monitoreo Electrónico.

Por otro lado, la acusada de 36 años, recibió una pena de tres años de prisión condicional más multa. Para conservar la modalidad de la condena deberá cumplir las siguientes obligaciones por el lapso de tres años: constituir domicilio y notificar cualquier modificación dentro de las 48 horas; someterse al control del Programa de inserción social y supervisión de presos y liberados; abstenerse del consumo de estupefacientes y de abusar de bebidas alcohólicas; desempeñar un oficio u ocupación acorde a sus capacidades.

Las actuaciones se iniciaron a partir de una denuncia anónima registrada en el sistema del Ministerio Público Fiscal. Allí se daba cuenta de que una mujer se dedicaba a comercializar sustancias prohibidas en su domicilio, en calle Juan Ambrosetti al 1700.

Se iniciaron las tareas de vigilancia y se constató que la acusada y su pareja permanecían todo el día en su casa, lugar donde se observó una gran afluencia de personas. Se documentó la actividad de “pasamanos” entre los imputados y algunos de los concurrentes.

Posteriormente, durante el allanamiento realizado en el inmueble se secuestraron envoltorios con sustancias estupefacientes.