La discusión se destrabó después de casi dos meses de debate en el Congreso, con la oposición a la cabeza de los reclamos para sostener la Emergencia en Discapacidad sancionada en 2025. Ante las dificultades de los bloques opositores para conseguir una prórroga, La Libertad Avanza impulsó su propia iniciativa para establecer un régimen permanente. En un escenario similar al de la Ley de Tierras, el oficialismo cedió ante la presión opositora y los reclamos de las organizaciones, aunque buscó encauzar la discusión con un proyecto propio que retomó buena parte del texto del año pasado, pero dejó afuera la emergencia.