Una denuncia judicial puso bajo la lupa las declaraciones de Patricia Bullrich Alejandra Monteoliva.jpg sobre la supuesta expulsión de 30.000 “terroristas” extranjeros durante 2025 y 2026. La presentación fue realizada por la abogada Valeria Carreras, quien pidió investigar a la actual ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y a su antecesora, Patricia Bullrich, por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y omisión de denuncia, además de cualquier otra figura que pueda surgir de la investigación.
Denuncian penalmente a Patricia Bullrich y Alejandra Monteoliva
Una abogada pidió investigar a la ministra de Seguridad y a su antecesora a raíz de las declaraciones del Presidente, quien afirmó que el Gobierno expulsó 10.000 “terroristas” en 2025 y otros 20.000 en lo que va de 2026.
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El planteo se originó en las declaraciones que Milei realizó el 27 de septiembre en LN+, donde aseguró que el Gobierno había expulsado “10 mil terroristas el año pasado” y que durante 2026 ya llevaba otros “20 mil”. El Presidente también afirmó que se trataba de personas que “se infiltran de otros países para venir a tratar de dinamitar el modelo argentino”.
Carreras sostiene que esas afirmaciones requieren ser esclarecidas porque, según los datos oficiales de la Dirección Nacional de Migraciones que cita en su denuncia, las cifras no coincidirían con los números mencionados por el jefe de Estado.
De acuerdo con la presentación, durante 2025 se registraron 772 expulsiones por distintos delitos, sin que aparezcan identificadas causas vinculadas al terrorismo. Para 2026, con datos parciales, menciona 744 expulsiones y unos 18.947 incidentes de entrada o rechazos, ninguno de ellos catalogado oficialmente como terrorismo.
Ante esa diferencia, la denunciante plantea una serie de interrogantes: “Cómo se determinó que esas personas eran terroristas” y si existió “un registro o tipificación formal” que permitiera identificarlas como tales.
También reclama determinar “si las autoridades del Ministerio de Seguridad de la Nación informaron o permitieron que se difundiera información falsa o exagerada sobre una amenaza superlativa de seguridad nacional”.
La presentación pone además el foco en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET) y en las previsiones de la Ley de Migraciones para establecer si los expulsados efectivamente estaban vinculados con actividades terroristas.
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