El gobierno de Javier Milei profundizará su ofensiva judicial contra las empresas que participan de proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos en las aguas próximas a las Islas Malvinas. El vocero presidencial, Adrián Ravier, confirmó que se ampliarán las denuncias existentes y que se presentarán nuevas acciones contra compañías que, según la posición oficial, desarrollan actividades sin autorización argentina y en violación de la Ley 26.659.
La estrategia del Ejecutivo no estará limitada a las empresas. En su conferencia de prensa en Casa Rosada, Ravier explicó que las sanciones previstas por la legislación alcanzarán también a quienes participen de las operaciones. "Cualquier empresa, cualquier proveedor que esté asociado a la exploración o explotación en Malvinas no va a poder hacer ningún tipo de acuerdo con el Gobierno argentino", afirmó. En ese sentido, mencionó como ejemplo la imposibilidad de acceder al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) o participar de proyectos como Vaca Muerta.
La Casa Rosada ya había anunciado que las nuevas presentaciones judiciales no se limitarán a las personas jurídicas. El Ejecutivo anticipó que buscará identificar a directores, gerentes, administradores, representantes y otras personas que hayan intervenido en decisiones relacionadas con las actividades hidrocarburíferas cuestionadas. Las acciones contemplan tanto la ampliación de causas ya iniciadas como la apertura de nuevos procesos.
La primera denuncia de esta nueva etapa fue presentada contra Navitas Petroleum, sus subsidiarias británicas y las canadienses JHI Associates y Eco (Atlantic) Oil & Gas. El Gobierno sostiene que estas compañías participan de actividades hidrocarburíferas en la Cuenca Malvinas Norte sin contar con autorización de las autoridades argentinas.
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