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La Casa Rosada busca alejar los ruidos mediáticos que atormentan al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a través de una reactivación de las gestiones políticas. Si bien el ministro coordinador se encargará de mostrar dinamismo en el frente gubernamental, muchos al interior del Gabinete afirman que serán otros los que encabecen el proceso para generar agenda desde afuera: esto se dará en el Congreso de la Nación a través del tratamiento de distintas iniciativas que buscarán ocupar la tapa de los medios de comunicación.
Para la semana que viene, los alfiles libertarios en la Cámara de Diputados planean sesionar el miércoles 8 para tratar la modificación sobre la Ley de Glaciares y el proyecto Hojarasca. En particular, el primero ha traído controversia por el nivel de rechazo de ciertos sectores de la oposición: por caso, más de 100.000 personas buscaron anotarse para exponer en la audiencia previo a su tratamiento en comisiones. Esto no impediría que el oficialismo logre alzarse con la sanción definitiva.
El proyecto impulsado por el Gobierno tiene el apoyo de las provincias mineras, ya que permitirá la incursión de explotaciones de diferentes minerales en áreas que actualmente son consideradas periglaciares. “Con el apoyo de esos gobernadores, otros aliados de las provincias y los bloques afines sentimos que vamos a tener los votos para poder aprobarla”, afirma una fuente de alto rango en la Cámara de Diputados.
El vínculo que Nación pueda seguir estableciendo con un grupo de gobernadores se presagia vital para que el Gobierno pueda mantener una agenda propositiva en materia de reformas. Sin ellos, al oficialismo le resultaría imposible poder aprobar proyectos en el Congreso.
Para retomar los vínculos con los gobernadores, Milei adoptó una postura concesiva y firmó ayer un decreto en el que autoriza un desembolso de hasta $400.000 millones en concepto de adelantamiento de fondos de coparticipación para 12 jurisdicciones. Este saldrá el próximo lunes en el Boletín Oficial.
El paquete de adelanto autorizado por el Ejecutivo tiene como destinatarias a provincias alineadas o en diálogo frecuente con el oficialismo, como Chaco, Mendoza, Salta, Tucumán, Catamarca y Misiones, pero también a distritos con fuerte oposición al gobierno central, entre ellos La Rioja y Tierra del Fuego, junto a Chubut, Corrientes, Río Negro y Santa Cruz.
Las gestiones políticas detrás de estos acuerdos son atribuidas internamente al ministro del Interior, Diego Santilli, y al ministro de Economía, Luis Caputo. Uno desde el lado político y otro desde el punto de vista del cuidado fiscal.
Y es que la medida se adopta luego de que, en marzo, el reparto automático de impuestos registrara una baja del 11,3% respecto a febrero, agravando la situación de las cuentas provinciales y forzando a los gobernadores a buscar alternativas para evitar un mayor endeudamiento. La aprobación de este mecanismo anticipado es la respuesta a ocho meses consecutivos de deterioro en la recaudación y busca contener la crisis fiscal que se profundiza a nivel subnacional. En las provincias se quejan de que la recaudación total es de 1 billón de pesos menos en el trimestre si se la compara con la del año anterior.
