La Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal rechazó este martes la apelación presentada por el Gobierno y le ordenó el cumpliento de manera inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso de la Nación en agosto de 2025, y ratificada en octubre del mismo año tras el veto presidencial.
El voto de los jueces Sergio Fernández y Jorge Morán ratificó la cautelar que ordenaba al Ejecutivo la aplicación en la legislación de los artículos 5º y 6º referidos a la actualización y recomposición de los salarios de docentes y no docentes de universidades nacionales y del monto de becas estudiantiles.
"El señor juez titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 11 admitió la medida cautelar solicitada por la parte actora, y declaró inaplicable, respecto a la ley 27.795, lo dispuesto en el decreto 795/23", detalla la resolución, donde también ordenó a la demandada "a cumplir, de forma inmediata, con lo dispuesto en los arts. 5 y 6 de la ley 27.795".
El primero de ellos establece que el Poder Ejecutivo debe actualizar los salarios de docentes y no docentes considerando un porcentaje que "no puede ser inferior al Índice de Precios al Consumidor (IPC)" informado por el INDEC para el periodo entre diciembre de 2023 y la sanción de la ley. Asimismo, el artículo 6 ordena la recomposición de los programas de becas estudiantiles basándose también en la variación acumulada del IPC.
Entre los principales argumentos dictados, la Cámara Federal entiende que dado que el Congreso confirmó el proyecto con dos tercios de los votos tras el veto presidencial, el proceso legislativo concluyó con una "insistencia de ambas cámaras" que "no admitía variantes suspensivas para la aplicación de la ley".
Se consideró que la postura del Gobierno de dilatar la implementación basándose en normas de jerarquía inferior a la Constitución Nacional afectaba el "principio de división de poderes" y "el sistema republicano".
La medida cautelar avalada por la Justicia este martes, había sido presentada en diciembre de 2025 por el juez federal Enrique Cormick, luego de un amparo impulsado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y diversas entidades del sistema universitario.
