Durante los primeros días de marzo, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) publicó un documento que revelaba que desde 2022 habían detectado 78 militares y policías condenados por crímenes de lesa humanidad que nunca fueron dados de baja.
Es decir, figuraban con estatus de retirados, con los derechos, obligaciones y prerrogativas que ello implica: cobro de pensión y acceso a la obra social. Y que, después de comunicarlo y pedir su baja, al menos 50 siguen en la misma situación.
La investigación de la PIA comenzó a fines de 2022, tras un pedido de colaboración de la Unidad de Asistencia para Causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado, a raíz de tres casos concretos: dos en la Policía Federal y uno en la Gendarmería.
Tras constatar que esas personas estaban retiradas y pedir la baja de los dos policías y el gendarme, la PIA descubrió al menos 78 casos idénticos, no solo en las Fuerzas de Seguridad, sino en las tres Fuerzas Armadas.
