El Gobierno volvió a enviar al Congreso el proyecto de reforma del régimen penal juvenil que había quedado trunco el año pasado, con una novedad central: por primera vez le asignó un presupuesto concreto a su implementación. Pero horas después lo retiró, porque la insistencia con la baja de la edad de imputabilidad a 13 años hacía peligrar el apoyo de sus aliados en la Cámara de Diputados.
De hecho, este lunes, una fuente oficial del Gobierno aclaró en contacto con LA NACION que la Casa Rosada prioriza que “se trate un proyecto ya acordado con otros sectores para que salga de la forma más expeditiva posible”. La referencia es a un dictamen que estableció la edad de imputabilidad de los menores en 14 años de edad.
El texto, que había ingresado durante la mañana de este lunes a la Cámara de Diputados, fijaba un costo total de $23.739 millones y detallaba cuánto corresponde al Ministerio de Justicia y a la Defensoría General de la Nación, un punto que había estado ausente en la versión original.
“Si queremos evitar que los menores que cometen los peores delitos salgan impunes, sin pena ni consecuencias, tenemos que hacer todo lo posible para reformar la Ley Penal Juvenil”, indicaron fuentes de La Libertad Avanza, dando por sentado que la edad de 14 años hará posible un consenso en el Congreso.
En la versión presentada en 2024, el artículo 51 se limitaba a establecer que los gastos derivados de la reforma se atenderían con los recursos previstos en las leyes de presupuesto y mediante reasignaciones de partidas, a cargo del jefe de Gabinete. No se precisaban montos ni fuentes específicas de financiamiento.
Ese esquema es similar al utilizado en otras leyes votadas por el Congreso y luego frenadas por el Poder Ejecutivo. Entre ellas, la emergencia en discapacidad y el financiamiento universitario, cuya aplicación fue suspendida por el presidente Javier Milei bajo el argumento de que no definían con claridad la fuente de los recursos necesarios.
En el nuevo proyecto, que ahora el Poder Ejecutivo está reescribiendo, se fija un costo total de $23.739.155.303,08 para la implementación de la reforma. De ese total, $3.131.996.784,28 corresponden al Ministerio de Justicia y $20.607.158.518,80 a la Defensoría General de la Nación.
El ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo fue procesado este lunes por asociación ilícita.Lo dispuso el juez federal Sebastián Casanello en la causa por presuntos cobros de sobornos, fraude al Estado y incompatibilidades en función del cargo público.
Mediante un comunicado, la Cancillería instó a los ciudadanos que no se dirijan a la isla "ante el deterioro de la calidad de vida". "Se registran faltantes de combustible", aseguró la cartera que dirige Pablo Quirno.
