
La decisión fue formalizada a través del decreto 56/2026. Toda la documentación oficial de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, así como de los Entes autárquicos, deberá llevar esta leyenda.


La causa por presunto lavado de activos contra Ariel Vallejo sumó pruebas sobre maniobras internas desplegadas en la previa de los operativos policiales, con órdenes precisas para inutilizar sistemas, ocultar dispositivos y resguardar documentación.
PolíticaHace 4 horas
Prensa
La investigación judicial que tiene bajo la lupa a la financiera Sur Finanzas sumó un elemento: la Justicia comprobó la existencia de una estructura organizada destinada a borrar pruebas clave antes de los allanamientos que se dieron en el marco de la causa por presunto lavado de dinero.


Según la prueba recabada por la Policía Federal, el esquema incluyó el borrado de cámaras de seguridad, el retiro de dinero, el formateo de computadoras, la desconexión de sistemas y el ocultamiento de documentación y dispositivos electrónicos.
La maniobra fue detectada en el marco de la investigación que encabezan el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, y la fiscal federal Cecilia Incardona, quienes avanzan sobre el funcionamiento interno de Sur Finanzas y el rol de sus principales responsables. El expediente involucra a Ariel Vallejo, empresario con vínculos con el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y a su entorno más cercano dentro de la firma.
El entorno de Vallejo dice que él no dio ninguna orden para destruir ni eliminar nada. “Menos aún después del allanamiento porque se llevaron todo”, aseguran.
Respecto de algunos de los empleados que pudieron haber hecho algo por sí solos, están comprendidos dentro de la protección que el Código Penal la prohibición de autoincriminarse que te permiten eliminar las pruebas que te pueden comprometer en caso de ser imputado.
De acuerdo con la reconstrucción realizada por los investigadores, las acciones para eliminar evidencia comenzaron el 1 de diciembre de 2025 y se extendieron al menos hasta el 11 de ese mes. La causa detalla una serie de comunicaciones internas que muestran órdenes precisas, roles asignados y una cadena de mando orientada a sustraer información del alcance de las autoridades judiciales.

La decisión fue formalizada a través del decreto 56/2026. Toda la documentación oficial de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, así como de los Entes autárquicos, deberá llevar esta leyenda.

En medio de los incendios que azotan el sur del país, la titular del bloque de La Libertad Avanza en el Senado adelantó que el Gobierno incluirá el proyecto que reclaman los gobernadores. "Entre hoy y mañana va a aparecer en el temario", afirmó.







