El Ejecutivo trabaja en un borrador que propone reemplazar la normativa que organiza el sistema educativo desde 2006. La propuesta habilita la educación en el hogar, una mayor autonomía escolar y cambios en el financiamiento, con énfasis en el rol de las familias por encima del Estado
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Prensa
El Gobierno nacional llevó al Consejo de Mayo el borrador de un proyecto de Ley de Libertad Educativa que busca derogar y reemplazar la Ley de Educación Nacional Nº 26.206, vigente desde 2006. La iniciativa se refiere a la “educación básica” (nivel inicial, primario y secundario), sin afectar a las universidades ni la Ley de Educación Superior.
Entre otras definiciones, el proyecto habilita la educación en el hogar (el “home schooling”) como una de las “formas alternativas de enseñanza”, junto con la educación híbrida (que combina instancias presenciales y virtuales) y a distancia, sin establecer una edad mínima. Para la educación en casa, los estudiantes podrán acreditar sus aprendizajes “mediante exámenes periódicos”.
También autoriza a las provincias a ofrecer “enseñanza religiosa confesional” en las escuelas públicas de manera optativa y fuera del horario escolar. Y permite, junto con los planes de estudio “comunes” –los que se elaboran en los ministerios– la posibilidad de planes de estudio “propios”, diseñados por cada escuela. Además, declara la “esencialidad” de la educación básica –es decir que, ante cualquier medida de fuerza, deberá garantizarse la “continuidad mínima del servicio educativo”–.
El proyecto recupera varias de las medidas que el Gobierno había planteado inicialmente en el capítulo educativo de la primera Ley Bases, en diciembre de 2023, elaborado por Federico Sturzenegger, que entonces no era funcionario. Según informaron desde el Gobierno, luego ese proyecto se siguió trabajando en conjunto entre la Secretaría de Educación, a cargo de Carlos Torrendell, y el Ministerio de Desregulación.
El nuevo borrador, de 136 artículos, avanza más allá de aquel capítulo –que se limitaba a modificar algunos artículos de las leyes de Educación Nacional y Educación Superior– y plantea una reformulación más amplia del sistema educativo, con foco en la “libertad educativa” y énfasis en la familia como “el agente natural y primario de la educación de los hijos”, según se lee en el primer artículo.
El secretario de Educación, Carlos Torrendell, suele mencionar que las normas oficiales y documentos de organismos internacionales hacen referencia a la “equidad” y a la “calidad”, pero rara vez a la “libertad educativa”. Para compensar esa falta, el borrador del proyecto hace referencia 27 veces a la “libertad”, por encima del “Estado” (mencionado 22 veces), que pasaría a tener un rol “subsidiario” al de las familias y la sociedad civil.
El primer capítulo establece los lineamientos ideológicos del proyecto. Allí se define el sistema educativo nacional como “el conjunto organizado de iniciativas y acciones educativas promovidas por la sociedad y el Estado”. Al mencionar los “principios” que organizan el sistema, nombra en primer lugar la “libertad educativa” (entendida como libertad de cada persona de enseñar y de aprender “conforme a sus propias convicciones”) y luego el “rol preferente de la familia” y la “subsidiariedad del Estado”.
Aunque ya no define la educación como un “bien público”, el proyecto oficial mantiene la gratuidad de la educación obligatoria desde sala de cuatro del nivel inicial hasta el último año de la secundaria. También seguirá habiendo “contenidos mínimos comunes” que aseguren la cohesión del sistema educativo nacional –hoy llamados Núcleos de Aprendizajes Prioritarios (NAP)–.
La “libertad de contenidos” es un eje central del proyecto. En ese sentido se crea la figura de los planes de estudio “propios”, elaborados por cada escuela “conforme a su ideario y proyecto educativo, en el marco de la autonomía institucional”, pero sin desconocer los contenidos mínimos comunes. El Estado nacional seguirá siendo responsable de otorgar la validez nacional de los planes y tendrá un Registro Nacional de Planes de Estudio.
En cuanto al calendario escolar, el proyecto no habla de días sino de “horas” de clase: establece un mínimo de 540 horas reloj anuales para la educación inicial (equivalentes a 180 días con una jornada de 3 horas) y un piso de 720 horas para la educación primaria y secundaria (180 días con una jornada de 4 horas).
Ese mínimo es inferior al acordado en 2024 por todos los ministros en el Consejo Federal de Educación, de 760 horas para la primaria y 900 para la secundaria. Por fuera de este mínimo, cada escuela “podrá establecer su propio calendario escolar conforme a su proyecto pedagógico”, aunque los ministerios provinciales podrán brindar “criterios orientativos”. Según el borrador, los contenidos mínimos comunes no pueden ocupar más del 75% de ese tiempo: el restante 25% se reserva para un “espacio de autonomía curricular”.
La decisión fue publicada en el Boletín Oficial. El organismo detectó que la firma comercializaba limpiadores y desengrasantes sin inscripción sanitaria ni datos de establecimientos habilitados.
La iniciativa del Ministerio de Seguridad involucra a seis provincias y tiene como objetivo combatir delitos como contrabando, narcotráfico y trata de personas, con apoyo de tecnología avanzada y cooperación internacional.
