A través de compulsas “reducidas”, se habría gestado una cartelización de empresas que operaban coordinadamente para quedarse con contratos millonarios. El miércoles indagarán a Diego Spagnuolo, ex director del organismo.
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Prensa
Las maniobras de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) que describió la semana pasada el fiscal federal Franco Picardi involucran el desvío de al menos $37.000 millones desde el Estado hacia cuatro droguerías. La trama incluye direccionamiento de compras, sobreprecios y posibles coimas por las que 15 empresarios, intermediarios y funcionarios, entre ellos Diego Spagnuolo, serán indagados en los tribunales de Comodoro Py.
Según plasmó la Fiscalía en un dictamen de 276 páginas, al menos desde diciembre de 2023 comenzó a gestarse la manipulación del Sistema Integrado de Información y Administración de Prestaciones con Discapacidad (SIIPFIS), que debía garantizar la transparencia en las compras del organismo.
A través de este se hicieron compulsas de precios “reducidas” o “acotadas”, que funcionaron en paralelo a las habituales. Mientras que en las licitaciones abiertas el organismo invitaba a competir a unas 15 droguerías, a las primeras solo accedía un grupo de cuatro oferentes que “mantenían vínculos personales, societarios y operativos entre sí y con funcionarios de la ANDIS”.
Esta “fragmentación artificial” de las compras -como lo definió el fiscal Picardi- se aplicó a medicamentos de Alto Costo y Baja Incidencia (PACBI), que son esenciales para tratamientos prolongados o de alta complejidad para la población vulnerable beneficiaria del Programa Incluir Salud.
En las 21 compulsas de medicamentos que se realizaron bajo este esquema restringido, las empresas Droguería Profarma S.A. y Droguería Génesis S.A. concentraron el 93,11% de las adjudicaciones, que implicaron un gasto de $30.337.220.919,77.
Otras dos empresas, Droguería New Farma S.A. y Droguería Floresta S.A., también formaron parte de este entramado. La investigación las ubicó en las compulsas reducidas como oferentes “pantalla”, que aplicaban para simular una competencia real en las licitaciones presuntamente direccionadas hacia Profarma y Génesis.
Estas mismas cuatro droguerías intercambiaban los roles en el rubro de insumos auditivos. En 36 licitaciones adjudicadas este año, hasta agosto de 2025, Floresta y New Farma concentraron el 51,67% de los $13.328.004.541,00 que pagó la ANDIS.
En el último trimestre de 2024 estas dos droguerías recibieron el 50,36% del total de las erogaciones, que ascendieron a $5.117.817.946.
“Esta distribución de roles, reiterada a lo largo de distintos procesos, revela la existencia de una estructura concertada entre las mismas droguerías, en la cual unas se presentaban como oferentes ficticias para favorecer a otras, configurando un circuito cerrado de adjudicaciones previamente coordinado”, sostuvo el fiscal en su dictamen.
En ese documento Picardi pidió la detención de Spagnuolo. El juez federal Sebastián Casanello se lo rechazó al entender que el exfuncionario estuvo ajustado a derecho y no intentó entorpecer la investigación en ningún momento. Sin embargo, confirmó su citación a indagatoria, que está programada para el miércoles.
Sobreprecios de hasta 2000%
El medicamento Macitentan, utilizado para la hipertensión pulmonar, fue por mucho el caso donde la sobrefacturación parece más evidente.
En noviembre de 2024, el principio activo se adjudicó a $411.764 en una compulsa general. Apenas tres días después, en una licitación reducida, la droguería New Farma logró vendérselo a ANDIS a un valor de $8.290.000 la unidad.
Posteriormente, el precio de este medicamento continuó abonándose en el rango de los cinco a ocho millones de pesos en las licitaciones restringidas, mientras que en las generales se mantuvo cerca de los $400.000.
Otra situación similar se produjo con el Burosumab. Profarma y Génesis llegaron a facturar este medicamento por hasta $45 millones la unidad, en las compras restringidas. No obstante, cuando el sistema permitía la participación de otros competidores a través de las compulsas regulares, el mismo producto se conseguía alrededor de los $21 millones.
Para el fiscal, nada de esto ocurrió por la inflación ni por matices de calidad en los productos: “El único factor que explica la diferencia es la exclusión deliberada de los oferentes más competitivos de las compulsas reducidas y la compra direccionada a tan solo dos oferentes”.
“El sistema de compulsas reducidas fue deliberadamente utilizado como herramienta de defraudación, transformando un instrumento administrativo de excepción en una vía sistemática para eludir la competencia y generar sobreprecios en favor de un grupo empresario determinado, allegado a los funcionarios públicos quienes recibieron beneficios económicos a cambio”, siguió Picardi.
Y completó: “Más allá de las cifras concretas, lo verdaderamente relevante es el carácter estructural del mecanismo delictivo explicado, que involucró sumas millonarias, ya que en este punto sólo se han volcado algunos ejemplos de los actos desplegados por una organización delictiva que operó desde el seno del Estado Nacional, con múltiples agentes”.
Fuente Infobae
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