La SIGEN detectó en el PAMI un “perjuicio económico” que supera los $16.000 millones en 2023

El PAMI es la obra social más grande del país. Brinda cobertura médica a más de 5 millones de afiliados, lo que justifica su elevado presupuesto y su relevancia dentro del sistema de salud pública argentino. En 2024 contó con un presupuesto total que superó los 5 billones de pesos. Aunque no se dispone de un ranking oficial actualizado que lo posicione numéricamente entre todos los organismos del Estado, su presupuesto lo ubica entre las entidades con mayor asignación de recursos, especialmente en el ámbito de la seguridad social y la salud.

Para ponerlo en perspectiva, el presupuesto del PAMI es comparable al de otros organismos nacionales de gran envergadura, como la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), que también maneja fondos significativos destinados a prestaciones sociales.

En la actual gestión de Javier Milei, el titular del organismo es Esteban Leguizamón. Es médico pediatra, especializado en salud pública y auditoría médica.

En el gobierno de Alberto Fernández, la directora ejecutiva del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados fue la licenciada en ciencias políticas y dirigente de La Cámpora Luana Volnovich.

Las graves irregularidades detectadas por la SIGEN, a cargo del contador público Miguel Carlos Blanco, recaen sobre el último año de gestión de la administración del Frente de Todos, hoy Unión por la Patria.

El trabajo de los síndicos revela además importantes irregularidades y deficiencias en la Subgerencia de Discapacidad y Salud Mental, uno de los sectores que debería ser prioridad máxima dentro del organismo pero que en los últimos años, según el informe de la SIGEN, presentó “desvios” y falta de control por parte de los auditores del PAMI.

Eugenio Semino, defensor de la tercera edad, señaló múltiples falencias en las prestaciones del PAMI, destacando que la salud mental “no tiene atención” y que “pareciera ser que en Argentina no existe”. Semino advirtió sobre demoras de hasta tres meses para obtener turnos y la falta de disponibilidad de camas, lo que calificó como una “crisis humanitaria silenciada”.

SIGEN advirtió pagos sin respaldo, fallas en prestaciones y afiliaciones sin control en el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados: el perjuicio económico supera los $16.000 millones como resultado de pagos sin documentación respaldatoria, recuperos no ejecutados, anticipos sin control y contrataciones irregulares.

El informe, que evalúa el Sistema de Control Interno (SCI) del organismo durante el ejercicio 2023, califica su funcionamiento como “débil”, afectando la integridad de los procesos contables, médicos y administrativos.

También se acreditaron pagos sin respaldo y control ineficiente. Según la auditoría, el PAMI realiza pagos a prestadores médicos sin contar con las facturas electrónicas exigidas, apoyándose en documentos internos denominados “Facturas Únicas”. Este mecanismo, subraya SIGEN, “priva de un adecuado respaldo documental a los asientos contables del Instituto”.

Además, los sistemas de validación automática del sistema SAP (“Sistemas, Aplicaciones y Productos para el procesamiento de datos)” son calificados como “evidentemente insuficientes”. En muchos casos -se explica-, se omiten controles y las transferencias se aprueban sin revisión formal. A eso se suma una acumulación de expedientes de pago sin archivar ni auditar.

La actual conducción del organismo descentalizado comenzó a tomar medidas para resolver los cuestionamientos advertidos ahora por la SIGEN y antes por la Auditoría General de la Nación (AGN).