El Gobierno modificará por decreto la Ley de Glaciares para ampliar los márgenes de explotación. El Ejecutivo prepara cambios sobre la reglamentación de la norma 26.639 -que fija las regulaciones- para habilitar la actividad económica en la zona periglaciar. En Nación reconocen que hubo presiones desde el sector empresarial y sostienen que buscan darle seguridad jurídica a los proyectos de inversión que se instalen en las áreas.

Los equipos técnicos de la Casa Rosada trabajan en una reducción de las zonas protegidas de la instalación de industrias, de la exploración minera e hidrocarburífera, de la liberación de productos químicos o residuos y de la construcción de infraestructura que no esté relacionada con la investigación científica. La legislación actual contempla multas de cien a cien mil sueldos básicos de la Administración Pública junto a la suspensión y el cese definitivo de la actividad de los infractores.

Es por eso que en Balcarce 50 quieren restringir la protección de las áreas cercanas a los glaciares a las que únicamente sean de roca o de escombros activos. La medida busca que se exija la obligación de que tengan una superficie de mínima de una hectárea, junto con una duración de al menos dos años, que cumplan una función hídrica relevante y que estén incluidas en el Inventario Nacional de Glaciares.

El oficialismo mantendrá el marco de restricciones para los glaciares cubiertos y descubiertos y asegura que continuará exigiendo informes de impacto ambiental para aprobar proyectos de inversión. Apunta también a darle mayores atribuciones a las provincias sobre los espacios donde se puedan establecer industrias.