La Cámara Federal de Apelaciones de La Plata ratificó este jueves el freno al intento del Gobierno de convertir el Banco Nación en una Sociedad Anónima, paso previo para privatizarlo. Rechazó la apelación al fallo de primera instancia que suspende el decreto del presidente Javier Milei que establecía la medida. Sostiene que, al ser un ente autárquico, el Nación no está alcanzado por la Ley de Bases y para esa medida debe conseguir el aval del Congreso.

"La delegación legislativa que autoriza al Poder Ejecutivo a 'reducir el sobredimensionamiento de la estructura estatal con el fin de disminuir el déficit' no puede considerarse un patrón inteligible que lo habilite a modificar la naturaleza jurídica conferida por ley al Banco de la Nación Argentina", establece el fallo firmado por jueces Carlos Alberto Vallefín y Roberto Lemos Arias.

En febrero el Presidente había firmado un decreto para transformar el Banco Nación en una sociedad anónima e insistir con su deseo de privatizarlo. Ya lo había intentado el año pasado con la Ley de Bases, pero debió sacarla de la lista de empresas públicas vendibles por presión de la oposición dialoguista. A poco de firmarse ese decreto, el juez Alejo Ramos Padilla aceptó una cautelar de la Asociación Bancaria de Sergio Palazzo y suspendió por seis meses la medida.

"El fallo tiene muchísima trascendencia porque, entre otros puntos, establece que Javier Milei se extralimitó en sus funciones al dictar el decreto por el cual intentó llevarlo a sociedad anónima", afirmó a Ámbito el abogado Jerónimo Guerrero Iraola, abogado de La Bancaria que elaboró la presentación judicial.

En su apelación, el Gobierno había cuestionado la legitimidad de los trabajadores para cuestionar el decreto, punto rechazado por la Cámara de Apelaciones. "Los actores presentan un interés jurídico suficiente para cuestionar la regularidad constitucional de un decreto que transforma una entidad autárquica gobernada por el derecho público -que es su empleadora- en una sociedad anónima", dice el fallo.

"Lo interesante del fallo es que le reconoce la legitimación activa a los trabajadores del Banco Nación. No solo por la posibilidad y eventualidad el cambio de su situación laboral, sino porque dice que también tienen derecho y están legitimados para accionar por el cambio de naturaleza jurídica del banco, porque eso directa o indirectamente los va a terminar afectando y va a terminar afectando las condiciones de trabajo", explicó Guerrero Iraola.

Ahora queda esperar si el Gobierno insiste con la apelación al este fallo de segunda instancia o buscará volver a insistir vía legislativa tras las elecciones nacionales de octubre que, confía, le dará los legisladores necesarios para concretar las reformas pendientes.