El Gobierno quiere reformar el Código Penal, sancionado en 1921, y planea enviar el proyecto al Congreso durante el período ordinario. 

La iniciativa, con las reformas planteadas allí planteadas, busca “ser sensible a las necesidades modernas de la sociedad y al contexto global, para asegurar un sistema de justicia rápido y equitativo”.

El proyecto prevé que en los casos de violación la pena será de 8 a 20 años, si el hecho fuera cometido por ascendiente o descendiente, por dos o más personas, con armas o contra una menor de 18 años o si el autor tuviere conocimiento de ser portador de una enfermedad de transmisión sexual grave.

También se incorporó el uso de inteligencia artificial como forma de pornografía infantil y grooming, y se tipificó específicamente la promoción y facilitación de corrupción y prostitución de personas menores de edad, explotación sexual y rufianismo.

En tanto, la compraventa de niños prevé una pena de 5 a 15 años de prisión, tanto para el autor como para el facilitador o intermediario.