La propuesta fue aprobada con 144 votos a favor, 98 en contra y 2 abstenciones. La votación fue seguida desde los palcos por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien estuvo durante gran parte del debate en la oficina de Martín Menem.

El resultado de la votación reflejó el posicionamiento de los distintos bloques políticos respecto a la iniciativa, con un fuerte respaldo de sectores alineados con el oficialismo y parte de la oposición, mientras que el rechazo provino principalmente del bloque Unión por la Patria y representantes de la izquierda.

El debate se extendió por varias horas y estuvo marcado por fuertes cruces entre los distintos bloques. Mientras el oficialismo y la oposición dialoguista defendieron la medida como un avance en la transparencia electoral, desde Unión por la Patria y el Frente de Izquierda denunciaron que la iniciativa se trata de una herramienta de proscripción política. 

El bloque La Libertad Avanza apoyó en su totalidad el proyecto, junto a los legisladores del PRO, la Unión Cívica Radical (UCR) y la Coalición Cívica. También sumaron votos afirmativos diputados de Encuentro Federal, Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) y otros espacios provinciales.

La aprobación del proyecto responde a la intención de los legisladores de promover transparencia en la gestión pública y restringir el acceso a cargos políticos a quienes hayan sido condenados por delitos de corrupción.