Proponen modificar el Código Penal: penas más duras para violadores y condena perpetua efectiva

NacionalesAyer Por Matias Avila
Desde el Gobierno, buscan endurecer las penas para distintos delitos. Las modificaciones se tratarían durante las sesiones ordinarias del Congreso.
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Desde el Gobierno ya preparan algunas de las iniciativas para tratarse durante el próximo periodo de sesiones ordinarias. Entre ellas, la modificación del Código Penal para endurecer las sentencias para determinados delitos es una de sus cartas más importantes.

El secretario de Justicia, Sebastián Amerio, es quien está detrás de los cambios, junto a un equipo de asesores en la materia que integran la Comisión de Reforma del Código Penal, encabezada por el abogado y Doctor en Ciencias Jurídicas, Jorge Buompadre. Este cuerpo está integrado, además de por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, por los jueces Mariano Borinsky (titular de la Cámara Federal de Casación Penal), María Eugenia Capuchetti, Ricardo Ángel Basílico y Julio César Báez.

Respecto a la cadena perpetua (actualmente de 35 años de pena), uno de los funcionarios involucrados dijo lo siguiente: “Nosotros queremos, no solo que todas las penas sean más altas, sino que la perpetua sea, efectivamente, perpetua, para toda la vida". Si bien todavía no se determinó qué tipo de delitos entrarían dentro de los parámetros para esa condena, serían los más graves, como algunos tipos de homicidio o hechos de violencia importante.

En el caso de las violaciones por ejemplo, se buscaría incrementar los años de castigo, fijado hasta este momento seis a quince años. Se podrían extender hasta 20 años de pena, tomando en cuenta diferentes agravantes, como daño en la salud física o mental de la víctima, o en caso de que el atacante tuviera conocimiento de ser portador de una enfermedad de transmisión sexual.

En paralelo a esta iniciativa, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, está trabajando en un proyecto para construir cárceles de gestión privada, con el objetivo de aliviar la carga de los establecimientos penitenciarios estatales, que sufren de sobrepoblación desde hace décadas.

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