El Juzgado de Garantías de Séptima Nominación del Distrito Judicial Centro de Salta remitió la causa contra Emiliano Estrada a la Justicia Federal. Esta decisión se produce tras un planteo de incompetencia por parte de la Fiscalía Penal especializada en Ciberdelincuencia y se basa en la estrecha vinculación que existe entre las acusaciones formuladas contra el legislador.

Las investigaciones preliminares revelaron que el diputado nacional habría ordenado la creación y difusión de material audiovisual difamatorio, mientras sus empleados gestionaban cuentas presuntamente utilizadas para llevar a cabo actividades delictivas. Según las versiones, estas acciones habrían sido financiadas con fondos de la administración pública nacional.

Las personas identificadas por la creación de las cuentas en cuestión son ciudadanos de la provincia de Salta y se encuentran imputados por los delitos de intimidación pública y/o calumnias e injurias. En este escenario, el Juzgado de Garantías de Séptima Nominación del Distrito Judicial Centro de Salta determinó que los delitos que se le imputan a Juan Marco Capisano, Alonso Javier Allemand y Florencia Arias Bustamante (asesores de Estrada en la Cámara de Diputados de la Nación), son de competencia de la justicia provincial y resolvió continuar con la investigación en su contra.

En el caso del diputado Estrada, se concluyó que los hechos objeto de la investigación se agrupan en delitos de competencia provincial (instigación a cometer delitos e intimidación pública) y federal (peculado de servicios).