La posibilidad de implementar la pena de muerte en Perú ha vuelto a escena. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos creó una comisión sectorial para debatir la aplicación de esta medida en casos de abuso sexual a menores de edad. Esta decisión se enmarca en un clima de conmoción social tras el asesinato de una adolescente de 12 años en Lima.

Según el comunicado oficial, el objetivo de la comisión es recoger propuestas mediante debates descentralizados en diferentes regiones del país.

Estos encuentros contarán con la participación de instituciones estatales y representantes de la sociedad civil. La tarea culminará con un informe final que servirá como base para eventuales reformas legislativas. La presidenta Dina Boluarte respaldó la iniciativa, afirmando que “es momento de abrir el debate”.

El peso del Pacto de San José
La Constitución peruana permite la aplicación de la pena de muerte para ciertos delitos graves, pero el país está sujeto al Pacto de San José, también conocido como Convención Americana sobre Derechos Humanos. Este tratado, firmado en 1978, prohíbe la ampliación de la pena capital.

En respuesta, el partido Alianza para el Progreso presentó un proyecto de ley para que Perú denuncie el tratado y recupere su "soberanía penal".

Posturas enfrentadas
El anuncio ha generado una ola de reacciones. Mientras algunos sectores consideran que la medida es necesaria para enfrentar el grave problema de la violencia sexual contra menores, otros advierten sobre sus riesgos. Javier Arévalo, presidente del Poder Judicial, calificó la propuesta de "salvaje" y contraria a los principios democráticos. "No podemos volver atrás", subrayó.

Por otro lado, colectivos ciudadanos han realizado marchas tanto a favor como en contra de la medida. Para muchos, se trata de una solución desesperada que no atacará las causas de fondo del problema.