Tras la expulsión del senador Edgardo Kueider votada ayer por la Cámara alta, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado evalúa - bajo un extremo hermetismo - cuál será la mejor vía para avanzar con el pedido de extradición del ahora ex legislador con el fin de detenerlo. Lo hizo en el marco de la causa por enriquecimiento ilícito que tramita en la Justicia Federal de San Isidro, conexa con una causa anterior referida al pago de coimas por parte de la empresa de seguridad privada Securitas a funcionarios públicos de distintos organismos, para garantizarse contratos y el cobro de montos adeudados. Ambos expedientes están vinculados e involucran a la empresa estatal de energía de Entre Ríos, ENERSA, de la que Kueider fue director por el estado provincial, entre 2016 y 2018.

Al cierre de esta nota, la magistrada esperaba recibir la notificación oficial de la expulsión del legislador desde la presidencia del Senado. La solicitud de extradición debe operativizarse a través de la Cancillería argentina, y ser tramitada por el Ministerio Público de Paraguay, que es la autoridad a cargo de este tipo de procesos. Arroyo Salgado no descarta un contacto previo entre los Ministerios Públicos de ambos países, a través de la Red de Fiscales.

El proceso correrá por separado de la causa abierta contra Kueider y su secretaria, Iara Guinsel Costa, en Paraguay, por intento de contrabando de divisas, delito que tiene una pena de entre seis meses y dos años y medio. “En materia de extradición el Ministerio Público (por la Fiscalía) es la autoridad central. Si llega una solicitud de extradición, y el Ministerio Público lo solicita, se sortea para que un Juez de Garantías lleve adelante el procedimiento”, le explicó el juez Humberto Otazú al medio Infobae. Paraguay tiene con Argentina un tratado bilateral de extradición, pero para que se efectivice, debe ser aprobada por la Justicia de ese país.